El pasado jueves 23 de septiembre concejales del oficialismo y “oposición” acordaron un nuevo ajuste contra los bolsillos de los trabajadores municipales de Avellaneda. En la decimocuarta sesión ordinaria los bloques del Frente de Todos-PJ y Cambiemos-UCR aprobaron por unanimidad el proyecto de ley presentado por el oficialismo peronista, que resuelve que todo empleado municipal de planta permanente cobre un salario mínimo igual a $51.200. Lo pactado semanas atrás en el Consejo del salario.

Si se toma en cuenta que se necesitan $119.757 para no ser pobres, informado por el Indec en las métricas de inflación del mes de agosto, y que las tarifas siguen en fuertes ritmos alcistas, el salario mínimo acordado por los legisladores es una miseria.

Maximiliano Gallucci, concejal macrista, en su alocución expresó que “los empleados municipales son la columna vertebral de toda gestión municipal, por lo cual es fundamental que tengan un salario digno”. ¿Acaso es digno in ingreso poco superior a las 50 lucas?

El gobierno de Chornobroff y Ferraresi ajusta en el salario con el apoyo de la oposición y la burocracia sindical. Daniel Aversa, secretario general del Sindicato Único de Municipales de Avellaneda (Suma) declaró en plena sesión que “aportamos desde Avellaneda a los compañeros de la provincia para que todos los trabajadores tengan un salario digno”.

De este modo el Ejecutivo local se declara como “el primer distrito en asegurar por ordenanza el salario mínimo, vital y móvil”, volviendo a demostrar su programa precarizador. El gobierno de Todos-PJ de Avellaneda es pionero en el trabajo en negro, mediante figuras como el cooperativismo, el trabajo a destajo, pasantías o hasta incluso haciendo arreglar escuelas a los pibes y pibas próximos/as a recibirse. La ausencia de elementos básicos de seguridad e higiene le ha costado la vida a trabajadores del municipio.

Actualmente, explotando las auditorías, ponen a trabajar a las y los trabajadoras y trabajadores por el Potenciar Trabajo. De este modo se ahorran tomar nuevos municipales, con mano de obra ultraprecarizada en las condiciones de empleo y salarios. Y cumpliendo de este modo lo resuelto a nivel nacional y provincial, no tomando nuevos ingresos a planta permanente.

El Estado es el primero precarizador. De esto modo sigue pagando y llevando adelante las medidas económicas resueltas por el FMI. Abonando una deuda ilegítima, usurera y altamente fraudulenta.

La salida a la crisis no vendrá de quienes gobernaron y gobiernan beneficiando y cumpliendo los requisitos de las grandes patronales y el Fondo Monetario Internacional. Sino de los trabajadores.

Es urgente la necesidad de ganar las calles por el trabajo y el salario. Por el pase a planta permanente de todos y todas los trabajadores y trabajadoras que ejercen labores municipales. Salario mínimo igual a la canasta básica. En Avellaneda contamos con un superávit fiscal de 2021 superior a los $28 mil millones no utilizados. Basta de precarización laboral y salarial. Por un paro nacional activo. Que la CGT y CTA rompan con el gobierno ya. No al pago de la deuda externa.