Azul: garanticemos el trabajo y los salarios

“El éxito” del plan de Macri/Prat Gay/FpV requiere una caída sustancial del salario de los trabajadores. Eso es lo que se busca. De allí la aplicación de una política de aterrorizar al pueblo


Azul es una ciudad de 56.000 vecinos, donde se está aplicando un shock de ajuste contra los que trabajan, liderada por el gobierno nacional macrista. El director de Recursos Humanos del municipio, Walter Surget -en una reunión con dirigentes gremiales-, denunció que la gobernadora María Eugenia Vidal puso como condición para enviar fondos que se despida a 500 municipales. El ataque gubernamental está vehiculizado en la zona por el intendente Hernán Bertellys (FpV), continuidad de José Inza, ambos “nacionales y populares”.


 


Para que el ajuste pase se intenta aterrorizar al pueblo azuleño. El Frigorífico Metal Azul, que el empresario Marcelo Celeste, mediante subsidios, puso en marcha a fines de 2014 con el cuento de dar trabajo a 200 personas, siempre tuvo atrasos en el pago de salarios y funcionó irregularmente; ahora, directamente no les paga a sus trabajadores, sin que la autoridad de trabajo, municipal o provincial, diga nada. En tanto, el intendente ha despedido a 95 contratados que, en general, tienen el salario más bajo de la grilla para, de esa forma, hacer lugar a más de 60 funcionarios políticos de su confianza. Ahora, como un parche eventual y con fecha de vencimiento, la intendencia extendió hasta el 31 de enero los contratos de los 95 compañeros. Cerámica San Lorenzo, del Etex Group, que no puede demostrar pérdidas de ninguna índole sino ganancias extraordinarias, despide a 120 y amenaza con cerrar la planta.


 


Que nadie se llame a engaño: este es un plan de conjunto de las patronales. La cámara que reúne a la mayoría de los Empresarios de Azul (Ceda) organizó una reunión con los despedidos de Cerámica San Lorenzo, sin que los representantes gremiales estuvieran presentes. El propósito era “hacerles el coco” mediante una consultora contratada por la empresa para “asesorar” a los echados acerca de qué uso darle a su indemnización. Un acto que roza lo delictivo para, incluso, estafarlos con las indemnizaciones.


 


La quiebra de la provincia de Buenos Aires -durante 28 años en manos del PJ con sus distintas fracciones- ha dejado en claro las responsabilidades políticas y penales del punteraje y el fracaso histórico del peronismo para acaudillar a los trabajadores y darles una salida a sus reclamos elementales (salario igual a la canasta familiar, salud, viviendas, basta de tercerización y precarización laboral, pase a planta permanente, etc.).


 


“El éxito” del plan de Macri/Prat Gay/FpV requiere una caída sustancial del salario de los trabajadores. Eso es lo que se busca. De allí la aplicación de una política de aterrorizar al pueblo.


 


Defendamos el derecho al trabajo. No a los despidos ni a las suspensiones. Que se abran los libros. Los que quebraron el país deben ser enjuiciados y castigados. Que la crisis la paguen quienes la crearon, no los trabajadores. Que se formen comisiones obreras que investiguen cómo es la plantilla laboral de cada organismo del Estado. 


 


Los trabajadores no son los responsables de los desbarajustes económicos impulsados por los funcionarios y las patronales.


 


* Ni un despido. Que se renueven todos los contratos.


 


* Que se aplique la ley de incorporación a la planta a todo municipal contratado con más de un año de antigüedad.


 


* Que una comisión integrada por los gremios y representantes electos por los contratados auditen los libros contables del municipio y de cada empresa que despida o suspenda.


 


* Hay que garantizar trabajo para todos.


 


Que la crisis la paguen los capitalistas.