Sindicales
29/2/2020
Balance del paro judicial por las jubilaciones
La Agrupación Bermellón de Judiciales y el Proyecto de Romina Del Plá.
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secretario gremial CI PENAL UEJN
Este jueves 27 se realizó un paro con movilización al Palacio de Justicia contra el proyecto de modificación de la ley 24018 impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, convocado por la directiva de la UEJN (Piumato).
Más allá de que el proyecto no elimina los privilegios de los magistrados, sino que va por su atenuación, la propuesta oficial excluía al cargo de Prosecretario Administrativo, uno de los cargos de máxima jerarquía de la carrera judicial.
La movida fue llamada en apoyo al “proyecto presentado por la UEJN” junto al diputado José Ramón, el cual fue difundido por la burocracia en el gremio como una vía para incorporar al régimen de privilegio de los jueces a todas las categorías de la carrera judicial, desde los Cortesanos hasta el último cargo del Personal Obrero y Maestranza.
El proyecto Ramón/Piumato, que se inscribió en una lógica corporativa de la “familia judicial”, tenía cuestiones escandalosas para que sean presentadas por un sindicato, dado que proponía la elevación del aporte personal a un 15% (no de los aportes patronales) y el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres judiciales a 65 años (lo defendieron como una forma de “romper el techo de cristal").
Sin embargo, se evidenció que el proyecto generó una expectativa entre los cargos más bajos del escalafón, fundamentalmente entre el Personal Obrero y de Maestranza donde revisten muchos compañeros que siguen trabajando a pesar de haber cumplido holgadamente la edad jubilatoria para retirarse (como una vía para no ver reducidos sus ingresos a menos de la mitad en relación a su último salario).
Sin preparación mediante asambleas, cerca de mil judiciales se dieron cita en el Palacio de Justicia. En su intervención, Piumato radicalizó su discurso pero no hizo mención alguna a lo que terminaría ocurriendo en Diputados. Refirió que el dictamen de minoría del proyecto de Ramón no había ingresado por un error en el orden del día, lo que dijo que sería subsanado. Nada más alejado de la realidad.
El Sitraju, gremio camporista que a partir de su diputada Vanesa Siley se está golpeando el pecho como autor de modificaciones a favor de los judiciales, se opuso explícitamente a la incorporación masiva de categorías judiciales al proyecto (catalogándolo de “reclamo demagógico”) y sólo reclamó que no bajen a los prosecretarios, al mismo tiempo que planteó una caja compensadora de los judiciales. Sin embargo, su presencia en el paro fue marginal y sin banderas. Carnerearon como en muchas oportunidades anteriores.
Concesiones contradictorias
Finalmente, en su dictamen de mayoría, el gobierno terminó haciendo concesiones a los jueces a partir de elevarles el cálculo del haber inicial un poco más que lo planteado en el proyecto original. Asimismo, volvió atrás con la elevación de la edad jubilatoria para las mujeres. Pero mantuvo la elevación del aporte personal en 7% (al 18%) y no incluyó a los Prosecretarios.
La crisis armada en el recinto que terminó con el retiro del bloque macrista fue la expresión de que los jueces no aceptaron las modificaciones presentadas por el gobierno y que se preparan para iniciar acciones legales contra el proyecto de ley, siendo que la misma corporación deberá resolver en lugar de Juez y parte.
Fue en ese cuadro de crisis con los magistrados y de paro de los judiciales, que el gobierno se vio en la necesidad de echar lastre con los trabajadores, incorporando a los Prosecretarios y a los Jefes de Despacho (“como lo reclamaron los gremios”), buscando así neutralizar las próximas acciones legales de los magistrados apoyadas por el macrismo. Se trató de una última carta para rescatar un proyecto que busca recaudar para pagar la deuda externa y proceder a la posterior la liquidación de los distintos regímenes especiales que han conquistado los trabajadores de distintas actividades, tal como reclama el FMI.
En lo inmediato, lo votado implica una mejora para muchos trabajadores que pueden irse ahora con una jubilación mayor, pero también muchos (más jóvenes) verán una baja salarial importante. Atados a los jueces, se ha mejorado la situación jubilatoria de cientos de judiciales, pero se ha reforzado el esquema piramidal de sumisión a los magistrados por el cual los judiciales no tenemos paritarias ni convenio colectivo de trabajo, y que en muchos aspectos hacen la vida laboral el reino de la arbitrariedad.
Pero también, la demagogia de la burocracia de Piumato ha generado una profunda bronca entre los compañeros de los cargos más bajos del escalafón judicial, fundamentalmente en los compañeros del Personal Obrero, quienes perciben correctamente que Piumato los ha arriado con un proyecto que Ramón finalmente no presentó, en función de obtener una mejora parcial que los deja afuera.
La Bermellón y el Proyecto de Romina Del Plá
Nuestra Agrupación, desenvolvió una profunda y vasta agitación que se opuso de vértice a la política del el proyecto ajustador del gobierno y de la burocracia piumatista.
Hemos planteado que los judiciales no podíamos intervenir en la presente crisis con un planteo ligado a los jueces (la patronal), sino que debíamos plantear la eliminación de sus privilegios de casta al mismo tiempo que defendíamos como norte el 82% móvil para todos los trabajadores judiciales, sin aumentar el aporte personal sino restituyendo los aportes patronales al 33% que bajaron Menem/Cavallo y los sucesivos gobiernos capitalistas.
En ese sentido, empalmamos con el proyecto de Romina Del Plá, que fue el único que en los papeles y en los hechos defendió hasta el final el 82% móvil para todos los trabajadores judiciales.
La burocracia ha pasado de la posición exultante de ayer ha salir hoy a plantear diferencias con lo aprobado por el gobierno. Para apaciguar la bronca de la base, ha anunciado que ha reclamado un primer aumento salarial de 10% para todas las categorías, que en el marco de la crisis de deuda del país habrá que pelearlo con fuerza.
Sin embargo, está planteado un gran movimiento de lucha por la extensión del 82% móvil para todos los judiciales, cuya financiación recaiga sobre la patronal y no sobre el aporte personal de los judiciales, por lo que el proyecto del FIT será una bandera lucha para todo el gremio.