El reciente despido del “Pupi” Carrizo se suma al despido de Carlos Gómez, ambos choferes de la empresa San Vicente (líneas 51, 74, 79, 177, 263, 370, 385, 435, 503) que fueron candidatos a delegados en la última elección y tienen reconocida actividad sindical en las líneas. Estos son casos evidentes de persecución sindical, aunque la empresa invente causas para los despidos. 

Estos ataques antisindicales de la empresa se dan en un marco de recortes de servicios acompañados con despidos por goteo siendo reducida la planta de choferes de 1.000 a 800 en el último período, así también como el empeoramiento de las condiciones de trabajo.

La empresa de la que estamos hablando es nada más y nada menos que DOTA, con larga trayectoria en persecución sindical, y estafa a los usuarios mientras levanta en pala los subsidios. El recorte de recorridos es una estafa directa a los usuarios, que tienen que pagar dos boletos para completar el recorrido que la DOTA debería garantizar en un solo servicio. 

El cuerpo de delegados, por su parte, se mantiene en la parálisis sin convocar asambleas ni medida alguna, beneficiando de esta manera los planes de ajuste y despidos de la patronal; responden a Bustinduy, ex mano derecha de Fernández, hoy vuelto “opositor”, pero no por ello menos patronal. 

La UTA debe convocar de inmediato a una asamblea general en la San Vicente que resuelva el paro en todas las líneas, y a un Plenario de Delegados zonal con mandato de base de las asambleas en cada empresa de la zona sur, que discuta y resuelva un plan de lucha en apoyo al Pupi y a Victorio, y a todas las luchas del momento en el gremio, como es la de los choferes de la 165 en defensa de los 400 puestos de trabajo.

Frente a los miles de despidos y la miseria creciente necesitamos un paro nacional de 36 horas con movilización como comienzo de un plan de lucha contra la ofensiva de Macri, el FMI y todo el régimen.