Miguel Olmedo trabajaba de vigilador en Murata. Al desatarse la pandemia, se acogió a la licencia que le correspondía por estar a punto de cumplir 65 años. La patronal lo amenazó con el despido, a pesar de sus 12 años de antigüedad, no le pagó los 15 días de licencia y, como castigo, lo sacó de su lugar de trabajo para mandarlo al Barrio 31, en lo peor del brote y con el barrio sin agua. Días antes, sus compañeros del ferrocarril San Martín se reunieron en asamblea en Retiro para pedir medidas sanitarias, barbijos y alcohol en gel. Por este reclamo, fueron despedidos 7 trabajadores. A los pocos días, Miguel se contagió y falleció.

No fue el único. Juan Campos, paciente de riesgo por su condición cardíaca crónica, falleció 10 días después,  trabajando en la misma zona, sin protocolo alguno, ya que Murata ocultaba los contagios para impedir el aislamiento de los contactos cercanos.

Este 18 de mayo, se cumplieron 3 años de la muerte de Martín Pino, enviado sin ninguna instrucción previa y como castigo a un peligroso entramado de vías en Retiro, siendo arrollado por una formación del ferrocarril Mitre. Murata difundió que se había suicidado.

Murata es una empresa del riñón macrista en la ciudad que tiene contratos millonarios por la custodia de los organismos públicos, hospitales y el Banco Ciudad. Fundada por Guillermo Montenegro, procesado por espionaje ilegal cuando era ministro de seguridad en CABA, su presidente actual es Roberto Raglewski, excomisario de la Federal exonerado por dos casos de gatillo fácil, también procesado por hacer figurar a sus empleados como aportantes a las campañas macristas. Esta impunidad y poder permitieron que todos sus ejecutivos y familiares fueran vacunados VIP en el Hospital Argerich.

La agrupación Familiares de Víctimas de la Precarización Laboral viene denunciando los atropellos de Murata y los asesinatos laborales que siguen produciéndose en todo el país. Este 28 tenía prevista una movilización que, en virtud de las restricciones impuestas, se convertirá en un acto virtual.

Del acto, participarán familiares de víctimas de Murata, de otros crímenes laborales, compañeros y despedidos de Murata y otras empresas de seguridad. Se sumará también el Polo Obrero del Barrio 31, que viene enfrentando la falsa urbanización de Larreta, los desalojos y demoliciones y  denunciaron su responsabilidad y la de Aguas Argentinas por las decenas de muertos al dejar el barrio sin agua, al tiempo que reclama la vacunación inmediata de las trabajadoras y trabajadores esenciales de los comedores, en uno de los cuales trabajaba Ramona Medina, también fallecida.

También participará Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero y exlegislador de la Ciudad de Buenos Aires, que presentó un proyecto de informes sobre los vínculos de Murata con el gobierno de Larreta y los controles que debió ejercer este sobre los protocolos Covid-19 de su contratada. El acto exigirá el tratamiento de ese proyecto que fue cajoneado por las bancadas del macrismo y el PJ.

En momentos en que la pandemia se extiende y cobra numerosas vidas en todos los barrios y empresas, este acto es una cita de honor para todos los trabajadores.