Sindicales

11/3/2010|1119

Basta de patotas y despidos en Atucha

El fracaso absoluto de la intervención a la seccional Zárate de la Uocra y de su rol patronal de disciplinar a la creciente belicosidad de los obreros de Atucha 2, ha derivado en un accionar cada vez más criminal y antiobrero de patotas armadas contra las huelgas y los opositores. Sólo para mencionar los últimos, los huelguistas de Electroingeniería en octubre fueron baleados por matones y reprimidos por la infantería en la Panamericana, mientras Gerardo Martínez en persona desautorizaba la huelga; los de Techint, también en lucha, en febrero fueron patoteados en la asamblea de 2000 que abucheó a los interventores.

El pico fue el ataque alevoso al “Colo” Fernández, quien se salvó de milagro tras recibir una docena de puñaladas y una brutal golpiza. El ataque, en medio del obrador y a la vista de todos, lo piloteó un grupo de matones ingresado en cinco autos con anuencia de las autoridades de NA-SA. Un delegado de Vialco fue golpeado también ese día.

Las empresas y las autoridades de NA-SA son tan responsables como la burocracia de Martínez en estos hechos. Una autoridad de la Gendarmería tuvo que reconocer (tras detener un auto con matones de San Nicolás con una metra y otras armas) que “gente extraña” ingresaba con “tarjetas” de NA-SA.

Siembran el terror porque están asustados

El repudio a este accionar es generalizado en las obras. Quieren evitar con el terror una lista opositora. Siguen los aprietes y matoneadas (como dijo un compañero, “estos quieren dos muertos”). Han sido despedidos 75 obreros de Techint, entre ellos Fernández, candidato de la Naranja opositora; es decir, con fuero sindical.

La crisis es tan brutal que se habla de suspender la obra por tres meses.

Hay que impedir una masacre, por una normalización democrática del gremio.

Las organizaciones populares, los sindicatos y centrales sindicales deben pronunciarse de inmediato, exigir una investigación y reclamar juicio a los autores materiales y a los instigadores de esta barbarie -lo que incluye a las autoridades de NA-SA y al responsable de la Gendarmería, que dejó hacer sin intervenir, y exigir la reincorporación inmediata de los despedidos.

Hasta ahora sólo han tenido la dignidad de hacerlo ATE y el Partido Obrero.
El intendente y el Concejo Deliberante, que fueron advertidos por los obreros sobre la situación, incluso antes del ataque a Fernández, son testigos mudos mientras hablan de “seguridad ciudadana”.