Una vez más, el municipio de Tandil sometió a la población a un aumento en la tarifa de colectivos.

El boque de la UCR, que hace un mes dijo repudiar el accionar de las patotas sindicales, se valió de la presencia de la patota de la UTA para defender el aumento. El bloque K se quedó en escritos y palabras e incapaz de solucionar la cuestión del transporte en la ciudad.

La movilización de organizaciones sociales y políticas al Concejo Deliberante para repudiar el aumento entró en el municipio pero no pudo acceder al recinto, ya que la patota de la UTA ocupaba todo el lugar en las tribunas. Sólo pudieron ingresar algunos representantes que continuamente se veían amenazados (y con algún manotazo) y no pudieron expresar los reclamos. El aumento fue ovacionado por la patota. El lamentable accionar de la burocracia de la UTA, con sus métodos del apriete contra los usuarios que reclamamos, no provocó ningún tipo de repudio por parte del Ejecutivo y del Concejo Deliberante.

Radicales y kirchneristas se pasaron la pelota unos a otros durante meses, para ver sobre “quién” recaía la responsabilidad de aumentar los subsidios a las patronales (si sobre el municipio o sobre la Nación). Mientras la Cámara del Transporte solicitó el aumento y no hubo “pero que valga” a la hora de otorgárselo. El bloque radical fue un títere de las patronales y la burocracia.

La burocracia sindical es cómplice de las patronales y son estos dos sectores los que deciden en su favor y en perjuicio de la población, condenando a los sectores populares a pagar una de las tarifas más caras de la provincia y a padecer un pésimo servicio de transporte. La UTA no defiende los intereses de los trabajadores, ya que no tienen en su agenda el aumento de sueldo de los choferes ni la mejora de las condiciones laborales por insalubridad, ni jubilación a los 55 años con el 82% móvil.

Ante este panorama, que se repite año a año, es necesario terminar con la usura que las patronales hacen de los subsidios y de los sucesivos aumentos ilegítimos, ya que no existe un control del municipio sobre las empresas. El Partido Obrero exige que el transporte sea público, estatal, bajo control de los trabajadores y usuarios para garantizar un servicio accesible y de calidad a toda la población.