La Legislatura bonaerense sancionó a fines de diciembre del 2017, la ley 15.008 que modificó el régimen previsional para los empleados de Banco Provincia estableciendo la base de cálculo para los aumentos lo que se determina para Anses y no para los activos bancarios de la provincia de Buenos Aires. Esto se llevó adelante en el marco de un fuerte operativo de seguridad desplegado en torno al Palacio Legislativo ante la marcha de protesta que hicieron gremios estatales y bancarios.

Diputados le dio el visto bueno a los proyectos de la reforma previsional para los empleados de Banco Provincia y las jubilaciones de privilegio para gobernadores, vicegobernadores y legisladores bonaerenses. El ajuste del gasto político impulsado desde los gobiernos nacional y provincial es el justificativo para referirse a la reforma previsional de Banco Provincia.

El Provincia tiene más pasivos que aportantes (resultado del achique de la plantilla de personal y tercerizaciones de sectores como limpieza), se elevó la edad mínima jubilatoria de 57 a 65 indistintamente para hombres y mujeres, siendo de esta manera la primera caja jubilatoria donde las mujeres se jubilan a los 65 años. Además, la iniciativa baja la tasa de sustitución para calcular el haber al 60%.

Esto generó una rebelión de los bancarios del Provincia, que recorrieron las calles de todas las localidades de la provincia y la Capital, con un afiche de las gremiales pejotistas que declaraba “Vidal miente” haciéndola responsable exclusivamente del ataque, para encubrir a los legisladores del PJ/kirchnerismo/Massa que dieron el quórum para habilitar el debate de la reforma. “En un acto frente a la corte, Palazzo (secretario general de la Asociación Bancaria) repudió a los legisladores que votaron la ley contra los trabajadores del Provincia, ¿pero no es con estos “traidores” que nos propone unirnos para enfrentar al ajuste de Macri y Vidal? Más que nunca es necesaria la acción independiente de los trabajadores, sin compromisos con lo cómplices del ajuste” denunciábamos en Prensa Obrera.

Abandonados y traicionados por el gremio, se iniciaron las demandas judiciales colectivas e individuales y las respuestas de la Justicia a favor de los trabajadores no tardaron en llegar: La Suprema Corte bonaerense emitió un fallo que suspendió parcialmente la reforma a la Ley de Jubilaciones del Banco Provincia y ordenó al Gobierno a actualizar los haberes de una persona de acuerdo al cálculo anterior ya que el fallo sostiene que la nueva normativa “viola un derecho adquirido”, dado que el demandante que accedió al beneficio antes de la reforma de la ley y su liquidación debe ser calculada con dicho monto.

Es que el cálculo de haberes según la ley anterior estaba atado, en proporción, a los aumentos salariales de los trabajadores activos, en cambio, la reforma de Vidal estableció que se calcule en base a la fórmula aprobada en diciembre de 2017 por el Congreso de la Nación, en el marco de la reforma previsional o sea a la baja y por Anses. Es así que, al no existir aún un fallo sobre la inconstitucionalidad de la ley 15.008 (fallo de fondo), se sigue aplicando rigurosamente la armonización a los bancarios del Provincia con la Anses, resultando claramente una disminución de los aumentos del haber jubilatorio.

Las Comisiones Gremiales del Provincia abrigaron la ilusión que con el retorno del peronismo al gobierno de la provincia, el fallo de la Suprema Corte sobre la inconstitucionalidad de la 15.008 saldría rápidamente, pero lejos de eso, vemos los intentos de Kicillof de “armonizar” también al IPS Instituto de Previsión Social), para dar una clara señal a los acreedores financieros que tanto el gobierno nacional y provinciales están dispuestos a hacer pagar la crisis a los trabajadores.

Volvamos a ganar las calles, por la derogación de la 15.008, para que las Cajas de Jubilaciones las manejemos los trabajadores activos y pasivos únicos interesados en poner fin al saqueo sistemático de los fondos previsionales. Por el 82% móvil.