La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus ha profundizado la crisis en curso en todas las ramas de la economía y la educación privada no ha sido la excepción. Las empresas educativas han avanzado en la reducción de las plantas a través de despidos y ceses, la reducción salarial y la flexibilización de las condiciones de trabajo. Estas medidas, por mencionar solo algunas, se ven atravesadas por la precariedad e inestabilidad laboral de los docentes del ámbito privado.

En el ámbito de la educación privada también las patronales llevan adelante ajustes y recortes salariales. Bajo el argumento de la virtualidad y el trabajo remoto se han unificado cursos despidiendo docentes mediante ceses. De la misma manera, se han producido ceses de suplentes frente a la reincorporación de los titulares, haciendo caso omiso a la prohibición de despidos establecida por el DNU del ejecutivo nacional. En este sentido reclamamos que la resolución del Ministerio de Educación, que suspende los ceses, alcance también a los docentes del ámbito privado. La resolución que se emitió, a raíz del reclamo de la docencia porteña acompañada por el sindicato Ademys y desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, discrimina a la docencia del ámbito privado. Esto fue señalado por la dirección del Ademys, que intregra Tribuna Docente, sin embargo el gobierno de la Ciudad en la última reunión no dio una respuesta favorable al reclamo. Rechazamos los despidos y los ceses, y exigimos un subsidio provisorio hasta llegar a cubrir el salario inicial de $32.800 aquellos docentes que perdieron horas frente a esta situación.

La Iglesia a la vanguardia del ajuste

Las patronales echan mano a la exepcionalidad de la situación para descargar la crisis sobre los trabajadores imponiendo recortes salariales. A la cabeza de estos planteos están las escuelas confesionales que, contando con subsidios de incluso al 100% de los salarios, arguyen la crisis para recortar salarios. Es un escándalo, la Iglesia subvencionada por el Estado para desarrollar sus emprendimientos de oscurantismo educativo se apropia de los fondos que recibe destinados al pago de salarios. Esta situación se replica en todo el país aún cuando continúan cobrando las cuotas mensuales a las familias.

En la ciudad de Buenos Aires, el Estado destina más de $4.000 millones a la educación confesional. Además la iglesia católica tiene exenciones impositivas de todo orden y en sus más de 360 propiedades no se les imputa ni ABL ni ingresos brutos. Mientras el clero exige austeridad se apropia de los fondos del erario y saquea los bolsillos de los docentes. El Estado es responsable y cómplice en tanto no evita las rebajas salariales que están sufriendo los trabajadores y deja correr los despidos.

Por todo esto, desde la banca del Partido Obrero en el Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto (Expediente 751-D-2020) que apunta a reparar de manera inmediata esta situación de emergencia con medidas extraordinarias:

Establecer para los establecimientos educativos del ámbito privado de CABA de todos los niveles y modalidades educativas, la prohibición de despidos, suspensiones, recortes salariales; la prohibición de unificación de aulas virtuales; en caso de quiebra o cierre o de declaración de insolvencia ante las costas salariales se proceda a la estatización de los establecimientos educativos de CABA, de cualquier nivel y/o modalidad del ámbito privado; por último que retrotraigan los ceses efectuados al 13 de marzo, dejando sin efecto los mismos y regularizando el pago salarial correspondiente.

Ante los desmanejos arbitrarios de las patronales de las instituciones educativas, desde la banca hemos tomado los genuinos y extensos reclamos que fueron llegando a través de diversos medios, y que ante la pandemia han colocado al gremio en una situación crítica y en múltiples casos de extrema necesidad. Convocamos a la docencia del sector privado y público a que multiplique esta campaña y la extienda en toda la comunidad educativa.