En Santa Cruz, Kirchner rebajó las asignaciones familiares y eliminó diversos adicionales en los distintos organismos estatales y municipios. A los contratados, se les renovó el contrato solamente por tres meses. Un decreto provincial autorizó asimismo el pago con Lecop. Kirchner, mientras tanto, va a la televisión a decir que “el pueblo ya no soporta más ajustes”. Kirchner tiene 600 millones de dólares depositados en Estados Unidos.

En el petróleo también han comenzado los despidos y las empresas están paralizando los equipos de perforación. Río Turbio está al borde del colapso, con casi dos meses de atraso salarial en la mina, pago de salarios en Lecop y amenaza del concesionario de YCRT de abandonar la concesión porque no le estarían pagando el subsidio. Las Mujeres en Lucha han convocado a la movilización de todo el pueblo, mientras los mineros han realizado paros para poder cobrar y amenazan entrar en huelga el martes 5. Rivolta (dirigente nacional de ATE) se ha pronunciado contra todos los intentos de lucha y resistencia; el degenarismo sigue apoyando a Kirchner con recortes y todo, y a los concesionarios de YCRT.

 

La lucha municipal

La CTA clasista de Santa Cruz convocó a sumarse a la marcha de los empleados de la Caja de Servicios y un sector del Ministerio de Economía. Los municipales de Río Gallegos, con el apoyo de docentes, protagonizaron un gran piquete, con quema de cubiertas, que se levantó 30 horas después. El movimiento, que había sido iniciado por la Comisión de Lucha y contra la voluntad de la dirigencia sindical de Gerez, refluyó, pero el 1° de febrero retomó las medidas de fuerza y se sumó a los cacerolazos.

En Caleta Olivia, Turbio, 28 de Noviembre y Calafate se han producido movilizaciones o medidas de fuerza de los municipales contra el recorte.

 

Los cacerolazos

Adosac (docentes) convocó al primer cacerolazo nacional, el 25 de enero; en Caleta Olivia reunió a 200 personas; en 28 de Noviembre a 70 compañeros, y en Río Gallegos, a unos 400 que nos movilizamos a Casa de gobierno, a la residencia del Gobernador, a la casa de uno de los jefes “lupineros”, el ahora juez del Tribunal Superior Zannini, y a la Municipalidad. El gobierno sintió el golpe y convocó a funcionarios y contratados a un acto en el cual llamó a que por cada 100 que se movilicen contra su política se muevan 200 o mil para “correrlos”.

Los dichos en este acto trascendieron a los medios, lo cual provocó la ira de mucha gente que se sumó al cacerolazo del 1° de febrero, que reunió a 650 personas, entre los que se destacaban numerosos desocupados y trabajadores de los barrios periféricos, junto a docentes y municipales. La Asamblea Popular reunida decidió marchar por el centro y denunciar penalmente a Kirchner por incitación a la violencia. Y aprobó y tomó como propio el petitorio de la Asamblea Interbarrial de la Capital Federal.