La Federación Nacional de Camioneros organizó una caravana de camiones que partió de San Martín (Mendoza) y llegó con 1.700 unidades a la ciudad de Luján, tres días después.

Según Hugo Moyano, dirigente del gremio camionero y del MTA, la protesta se hizo porque “con la apertura quedamos diezmados… los camioneros extranjeros trabajan en nuestro país en forma ilegal, pero como no hay control es un viva la pepa” (Página 12, 2/3). Se estarían violando normas del Mercosur, según las cuales ninguna compañía puede hacer cabotaje en un país que no es el de origen, y encima, “camiones de Brasil que vienen a descargar acá, antes de volver a su país, pasan por una planta argentina y cargan el camión, cobrando un flete mucho más barato que los locales” (La Nación, 26/2).

Según datos del gremio, esto ha hecho que sólo 900 camioneros argentinos lleven actualmente cargas a los países del Mercosur, contra 3.000 que hacían esa tarea siete años atrás.

Para Hugo Moyano esto ocurre por la falta de un control de los pactos del Mercosur, que Brasil ejercería rigurosamente. Otro dirigente camionero de esta explicación: los camioneros brasileños pueden cobrar un flete “mucho más barato” por el menor salario y protección social que rige en el otro país (también en Chile o Paraguay). Según Jorge Silva, secretario administrativo de la Federación de Camioneros: “existe competencia desleal por parte de Chile y Brasil, ya que en estos países las tarifas de los transportes internacionales de carga son mucho mas económicas que las nuestras, porque en ambos países no hay una legislación laboral fuerte y, por lo tanto, la mano de obra es más barata” (El Cronista, 25/2).

¿Defensa de las fuentes de trabajo?

Para la dirección del sindicato camionero, la defensa de las fuentes de trabajo pasa por una persecución de los trabajadores del transporte de otros países para evitar el “robo de viajes”, lo que repite punto por punto el planteo rabiosamente patronal que vienen haciendo las cámaras del transporte desde hace tiempo.

Cualquiera puede darse cuenta de que esta política lleva al enfrentamiento entre los trabajadores camioneros de los países del Mercosur y sólo sirve al interés de las patronales, que llaman a defender el ‘trabajo argentino’ mientras se empeñan en hundir el salario y las conquistas obreras, como sus pares brasileñas o chilenas. Una política de clase significa luchar por desterrar la ‘competencia’ entre los miembros de la clase obrera, sean de distintos países o del propio país, lo que significa salario y conquistas únicas dentro y fuera de las fronteras, que, es bueno repetirlo, no son las nuestras. Esto significa organizar el reclamo común de trabajadores argentinos, brasileños, chilenos, etc., por un mismo salario mínimo, equivalente al costo de la canasta familiar, por un mismo régimen jubilatorio, basado en el aporte patronal y el control de los trabajadores, por un mismo convenio.

¿Qué hacemos, sin embargo, mientras esa organización internacional no se constituya o no tenga la suficiente fuerza para imponer reivindicaciones comunes dentro y fuera de nuestras fronteras? Organizar la defensa a rajatablas del salario y del convenio dentro del país, para que las patronales brasileñas, chilenas o paraguayas estén obligadas a pagar lo que se paga a un trabajador argentino y éstos sean “propagandistas” de un movimiento de lucha común en su propio país.

La política del sindicato camionero se coloca como furgón de cola de los planteos patronales y no defiende el convenio único, ni siquiera dentro de las fronteras. Silva, de la Federación Nacional, proclama que “la gran mayoría de los camioneros (argentinos) está en relación de dependencia” y tendría el beneficio de una “legislación laboral fuerte”, pero la realidad es que los contratados son legión en el gremio, como se reveló en el enfrentamiento con trabajadores changarines a pocos kilómetros del inicio de la marcha (Clarín, 24/2).

Un programa patronal

Detrás del planteo de “una política para el transporte” que levantó la marcha camionera, la patronal impuso la totalidad de sus “reivindicaciones” y hasta se dio el lujo de aprovechar la agitación creada en torno a ella para insistir en que la mano de obra es más barata en los países limítrofes, una campaña pensada para provocar la caída del salario y el trabajo fuera de convenio. Horacio Rolla, directivo de la Cámara de Asociaciones de Transportistas de Carga Internacional, “arrojó un poco más de luz sobre la cuestión”, al señalar que las tarifas de los transportes chilenos y brasileños son mas económicas por “el menor costo de la mano de obra” y también “por otro factor de peso: el reintegro del IVA para las empresas del sector, tanto por la compra de camiones como de insumos” (El Cronista, 25/2), “reintegro” que la marcha pidió que sea generalizado y sin requisitos, para que los patrones argentinos no sean ‘discriminados’ respecto a sus pares del Mercosur.

¿Puede llamar la atención, después de analizar este ‘programa’ que no contiene ni siquiera parcial o mezquinamente una reivindicación obrera, que la marcha camionera haya tenido “el apoyo de los propietarios de camiones” (ídem)?