Producto de la repercusión que tuvo la detención y los apremios contra Pedro Saracho, apoderado y dirigente del PO provincial, el ministro de Gobierno y Justicia del gobierno, Gustavo Saadi, convocó a la dirigencia partidaria a una reunión. Allí estaba también el secretario de Seguridad, Juan Pablo Morales.

En dicha audiencia, la delegación del Partido Obrero presentó un documento donde se exponían los hechos y se exigía la separación de los policías torturadores y sanciones a las autoridades políticas que dieron la orden para que esta redada se desarrollara con total impunidad.

Los funcionarios se comprometieron a colaborar con la investigación de los hechos, pero inmediatamente le tiraron la pelota al Poder Judicial. Según el ministro, fueron los que comandaron la razzia que mantuvo en vilo a los jóvenes y trabajadores de los barrios periféricos del norte capitalino.

De esta manera se lavaron las manos.

Peor aún. Posteriormente a esta entrevista, el jefe de la policía provincial salió a desmentir nuestras denuncias y el secretario de Seguridad celebró las razzias, anunciando que las mismas seguirán durante todo el año.

Se trata de una acentuada derechización del “gobierno de los derechos humanos” que -para garantizar el ajuste, los tarifazos y los sueldos de miseria- promete mano dura para contener los reclamos sociales.

El Partido Obrero se presentará como querellante en la causa por las torturas y vejaciones sufridas por nuestro compañero Pedro Saracho, y pediremos protección para los testigos, que ya están siendo intimidados y amenazados por la Policía para que la causa quede impune.

Ariel López