En la séptima semana de paro docente en Chaco, las escuelas siguen sin tener condiciones para trabajar y estudiar, lo que por supuesto, como era previsto, trae mayores contagios. El Ministerio de Educación viene presionando a los directivos, a través de las regionales, educativas para que denuncien a los docentes que hacen paro, y de esa forma, aplicarles descuentos. Esta última semana, se realizaron medidas de fuerza frente al Ministerio de Educación, regionales educativas de cada localidad y en las rutas.

La ministra de Educación, Daniela Torrente, desconociendo el derecho a huelga, aseguró que “el gobierno no pagará a quienes no vayan a trabajar”. En otras palabras, amenazó con descuentos salariales a los y las docentes que acaten las medidas de fuerza en reclamo de salarios y condiciones laborales.

El gobierno de Capitanich sancionó un decreto donde afirma un supuesto acuerdo paritario que ni siquiera incluye lo que la misma burocracia sindical firmó. Recordemos que el acuerdo consistía en el aumento del 34,6% según lo establece la paritaria nacional a pagar en cuotas, el reconocimiento de la deuda 2020 a través de la bonificación de $3200, vacunación a todo el personal docente y arreglo de las escuelas. ¿Qué dice el decreto? Pago de 15% en marzo, 3% en abril. No el 34,6% pautado sino el 18%. No reconoce la deuda del 2020 que  el gobierno le tiene con los docentes -que alcanza cifras superiores a $40.000-, se suspendió las vacunaciones a docentes, y, como hemos denunciado, las escuelas no fueron condicionadas para las clases presenciales.

El ministerio va hacia la eliminación de las fuentes de trabajo. El año pasado lo hizo a través del cierre de carreras terciarias. Esta semana sacó la resolución 2068 donde pretende bajo un argumento “inclusivo” eliminar horas de educación física y hacer grupos mixtos. Conociendo las políticas del Ministerio y de Capitanich, detrás de la supuesta inclusión se esconde el recorte presupuestario que generan despidos y desocupación. Además que mientras se cierran carreras y se eliminan horas y cargos, paralelamente se crean escuelas e institutos de gestión social y privadas, dónde violan todos los derechos laborales que refleja el estatuto. Las políticas educativas muestran una marcada tendencia a la privatización y la eliminación de derechos.

Ante esta situación que ataca la salud, la educación y las fuentes de trabajo, los docentes organizados junto a trabajadores de otros sectores vamos a una jornada de lucha para el jueves 22 de abril con una gran movilización a Casa de Gobierno, para reclamar salarios acorde a la canasta familiar, estabilidad laboral y pase a planta, vacunación masiva para todos y recursos y conectividad para garantizar las clases virtuales y presenciales de estudiantes y docentes.