22/07/2020

Rosario: el paro de choferes debe ser activo e involucrar a las bases

Por la estatización del servicio bajo control de sus trabajadores.

La huelga de choferes de colectivos de Rosario lleva 20 días y suma 49 jornadas de paro en los últimos 80 días. Las empresas del transporte y los gobiernos les deben el 50% del salario del mes de junio, el medio aguinaldo y dos cuotas de $4.000 por el decreto nacional 14/20.

La situación se ha vuelto insostenible. Los aportes del Tesoro nacional que Nación giró a las provincias, que estaban destinados a cubrir salarios, los gobiernos provinciales se los “comieron” argumentando que tienen otras necesidades más urgentes. El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, se reunirá el jueves con Alberto Fernández con la expectativa de que el gobierno libere más subsidios, para seguir alimentando a estas empresas parásitas que se han tragado subsidios millonarios durante años y ahora no paga los salarios de los trabajadores.

En Santa Fe, empresas como Rosario Bus, El Cacique o Ersa Urbano se han enriquecido enormemente durante años, a fuerza de subsidios y tarifazos en el costo del boleto. Tuvieron subsidiados parte de los salarios, mantenimiento y combustible. El resto fue siempre enormes ganancias para sus bolsillos. La pandemia y por tanto la reducción de la recaudación por la menor cantidad de pasajes, sumado al derrumbe económico del país y la inflación, detonaron esta profunda crisis. Así las cosas, empresarios y gobiernos se enfilan para avanzar en un plan de ajuste sobre los trabajadores del transporte.

La semana que pasó fuimos testigos de la brutal represión de la policía de Córdoba a los choferes movilizados, que se oponían a una reducción de su salario. En Rosario, aunque no hay información oficial, por lo bajo se dice que la empresa El Cacique ya tiene pactada su salida. Anunciaron que devuelven a Mercedes Benz 50 unidades que la compañía les había financiado e iban a colocar en circulación en este año en remplazo de otras unidades. Entre los trabajadores circula el miedo que El Cacique deje en la calle a todos sus trabajadores.

En Santa Fe capital, la UTA levantó el paro solo con el compromiso del pago de lo adeudado en cómodas cuotas y las empresas abonando solamente la primera cuota. Una decisión de levantar la lucha sin ninguna garantía real de cobrar lo adeudado, sobre todo viniendo de empresas que ya hace meses que no cumplen. La empresa Ersa Urbano pidió iniciar un Procedimiento Preventivo de Crisis, proponiendo al Ministerio de Trabajo reducir un 20% su personal, suspender a un 40% y funcionar solamente con el 40% restante. En Rosario, ya circula la posibilidad de un nuevo tarifazo en el precio del boleto del transporte por parte del gobierno municipal de Pablo Javkin.

Javkin, el gobernador Omar Perotti y los empresarios del transporte pretenden que la crisis del transporte la paguen sus trabajadores y la población en general, con reducción de personal y de salario, con boletazos que paga el pueblo trabajador.

Los trabajadores del transporte tienen que prepararse para la batalla que se aproxima. Es necesaria una asamblea general del sindicato para que los trabajadores deliberen y resuelvan la movilización como forma de acción directa, que convierta al actual paro en un paro activo. En la medida en que una huelga o un paro está acompañada de una participación activa y directa, dirigiendo sus planteos y reclamos al poder político, es cuando despliega en toda su magnitud la fuerza de los trabajadores.

Al reclamo por el pago inmediato del sueldo, aguinaldo y deudas salariales, tenemos que acompañarlo de un planteo de fondo. Al plan de ajuste de las patronales y los gobiernos, tenemos que oponerle un plan de los trabajadores para proteger los puestos de trabajo, el salario y permitir un boleto accesible para las clases populares. Para ello se tienen que ir las empresas que no paguen los salarios. Abrir sus libros contables y seguir la ruta de los subsidios que se devoraron durante años. Es necesario estatizar el transporte bajo control de sus propios trabajadores organizados y cobrar impuestos y tasas a los grandes grupos económicos que actúan en la región, para financiar el transporte.

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