Frente a una crisis económica que se agrava, con congelamiento de los salarios, meses de atraso salarial y sin el pago del aguinaldo, el gobierno de Chubut avanza con un ajuste que deja a miles de docentes sin salario.

La ministra de Educación Florencia Perata, a través de la resolución 168/20ME, dio de baja la resolución 51/20 que amparaba a docentes de todos los niveles al impedir su cese en los cargos mientras durara la cuarentena, de acuerdo a los lineamientos nacionales acordados en un Consejo Federal de Educación, que se incumplen en varias provincias.

También se dieron de baja los cargos que contemplaba el Expediente 516/20, por el cual se había establecido la cobertura de horas cátedra en el nivel secundario en cada institución educativa a través de llamados públicos internos.

El anuncio de los ceses deja a docentes sin cargo y sin salario, o con salarios insuficientes, al término de tres meses sin obra social, y sin ningún tipo de asistencia por parte de los gobiernos provincial y nacional.

Este cambio en las disposiciones tiene una explicación. El miércoles pasado desde Casa de Gobierno, el gobernador  Mariano Arcioni solicitó a cada organismo que presente un “plan de sostenibilidad”, ya que “el objetivo es ordenar números para culminar el trabajo de reperfilamiento de deuda” (El Patagónico, 9/9).

La presión para “ordenar números” ha sido enunciada varias veces por Nación, va de la mano de la política de la reestructuración de la deuda usuraria y fraudulenta, que se aprobó en la Legislatura prácticamente por unanimidad, con la colaboración del Frente de Todos a nivel nacional, por parte del ministro Martín Guzmán y el titular de la Unidad de Apoyo a la Sustentabilidad de la Deuda pública Provincial, Rafael Brigo.

De la mano del pago de la deuda descargan un ajuste, que no sólo cae sobre la docencia, sino sobre el conjunto de los estatales, y especialmente en la salud, donde en plena pandemia, se denuncia constantemente la falta de insumos y recursos.

La minstra Perata argumenta que el cese de miles de docentes se trata de un “ahorro importante” y que se habilitarán designaciones para la cobertura de cargos. Sin embargo, los ceses rigen a partir de hoy y las resoluciones 169 y 170 que habilitan los procedimientos administrativos para la designación de docentes no indican cuándo será la fecha de inicio de la convocatoria a los actos públicos y designaciones ni tampoco se sabe cuál va a ser la modalidad para garantizar la transparencia y el control de la docencia de los mismos, en su carácter virtual.

Frente a la noticia de los ceses, la ATECh se pronunció en contra de la medida, llamó a movilizar en toda la provincia el 16 a las 10 hs en las delegaciones administrativas de cada región y ha trascendido la posible presentación de un amparo y recursos administrativos. Desde Tribuna Docente advertimos la necesidad de formular un programa que solucione la situación de la docencia afectada y llamamos a movilizar con la exigencia de actos públicos transparentes bajo control docente, suspensión de los ceses y un salario mínimo equivalente a un cargo testigo para todos los docentes sin cargo.  Ningún docente debe quedar sin ingresos y sin obra social. Para esto, hace falta poner en pie un plenario de delegados que vote un plan de lucha que contemple el ataque a las jubilaciones, a nuestros salarios y a la educación pública, lo cual solo puede hacerse a través de un plan de lucha unificado y provincial, que no es la orientación de la Mesa de Unidad Sindical que lleva al desgaste y a la desmoralización.

Es por esto que reafirmamos la necesidad del llamado inmediato de plenarios de delegados provinciales de los sindicatos de salud, de educación y todos los sectores con la perspectiva de un congreso de bases de todos los sindicatos que levante un programa de salida, basado en el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a los saqueadores de la provincia, por la expulsión definitiva de la megaminería a través de la Iniciativa Popular 2020 y la movilización popular y un plan de salida de esta crisis para que no la paguen los trabajadores.