El 23 de abril, en la ciudad de Buenos Aires, “Loma” Ávila (Petroleros Privados) y José Yudgar (Jerárquicos) firmaron junto a cámaras empresarias un acuerdo de suspensiones con rebajas salariales para los obreros petroleros de Chubut.

Al igual que al firmado por Guillermo Pereyra en la cuenca neuquina, el acuerdo se encuentra bajo la órbita legal del decreto presidencial de “prohibición” de despidos y suspensiones que Fernández firmó el 31 de marzo, el 329/20, en el marco de la pandemia. Así, casi 7.000 petroleros que se encuentran en cuarentena percibirán una suma no remunerativa, que en los hechos implica una reducción salarial del 60%. Los 3.500 que continúan manteniendo la producción y “suben” a trabajar a los yacimientos de forma rotativa en el marco de la esencialidad, tendrán una reducción de un 20%.

Socios en la pérdida

Este tipo de suspensiones con reducciones salariales se encuentran habilitadas en el artículo 3º del mencionado decreto presidencial, que habilita lo contemplado en el Art 223 Bis de la Ley de Contrato Laboral, es decir, suspensiones “concertadas” entre el empleador y el trabajador por “causas de causa mayor”, en este caso el agravamiento de la crisis petrolera, es decir la caída del precio del barril, potenciada por la pandemia.

El decreto presidencial se ha transformado en la llave maestra que regula las negociaciones entre las patronales y la burocracia sindical, para trasladar los efectos de la crisis a los trabajadores y volverlos “socios en la pérdida”, en el marco de la pandemia. Los obreros petroleros, con una de las tasas de explotación más altas del mundo, sin los cuales las petroleras no podrían amasar sus enormes fortunas, se convierten así en uno de los sectores de la industria más golpeados por esta política.

Cabe mencionar que según la revista Forbes, la fortuna (declarada) de Alejandro Bulgheroni, dueño de la petrolera Panamerican Energy que opera el yacimiento más grande de petróleo convencional del país, Cerro Dragón en Comodoro Rivadavia, y que además posee la refinadora Axion, es la segunda más grande de Argentina tras la de Paolo Rocca de Techint, con 3.100 millones de dólares.

El acuerdo no garantiza frenar eventuales despidos

Con este tipo de acuerdos, fundando según el mismo Ávila en la máxima “hoy perdemos salario para mantener la relación de dependencia”, el sindicato juega el rol de gerencia de RR.HH. de la patronal, más que la organización que representa la defensa de las conquistas de los trabajadores en esta dura crisis.

El acuerdo se había pospuesto debido al famoso “día 61”, es decir, lo que podría suceder en materia de despidos al finalizar el plazo del acuerdo firmado de no solucionarse, en los términos de las operadoras, “la situación petrolera”. La negociación entre operadoras y la burocracia sindical se jugó entre la demanda de recursos preventivos de crisis (presentados por las primeras), es decir eventuales despidos, y las suspensiones con rebajas salariales, propuestas por la segunda. En los hechos, el acuerdo firmado sostiene que “se mantendrán reuniones privadas entre las partes para monitorear el cumplimiento del acuerdo y la evolución de la crisis (…) mantener la paz social a todos los efectos y cumplir los mecanismos de resolución de conflictos establecidos en los Convenios Colectivos”, además de la homologación del acuerdo por parte del Ministerio de Trabajo Nacional, es decir, del ministro Moroni.

Las operadoras hasta el 20 de febrero gozaron de un barril promedio de 65 dólares, cuando el costo total de producción es de 8 a 12 dólares. O sea que tuvieron ganancias fenomenales, sin tener en cuenta la gran devaluación del "peso" en los últimos meses, que es la moneda en la que perciben sus salarios los trabajadores petroleros. En los últimos días se ha filtrado la posibilidad de un decreto presidencial que establezca nuevamente el “barril criollo”, es decir un precio de sostén subsidiado por el Estado, variante a la que se aferra, por ejemplo, el burócrata Claudio Vidal, de Santa Cruz, que aún no firma el acuerdo. Otro capítulo que se escribe por estos días es la demanda de las petroleras (PAE exporta casi el 70% del petróleo convencional del país), e impulsada por diputados macristas como Gustavo Menna, de la quita de retenciones a la exportación.

Es necesario señalar el prontuario de Ávila para caracterizar lo que se viene: ha permitido durante la época de Macri despidos, suspensiones y rebajas salariales, ha promovido también la megaminería de la mano del gobernador Arcioni en una provincia con una rica historia de rebeliones en este punto, y también ha sido el artífice del ataque a los docentes y estatales que cortaron las rutas 3 y 26 señalando dónde estaba la riqueza para el pago de sus salarios en tiempo y forma.

El Partido Obrero coloca otra perspectiva:

Ley Provincial que prohíba realmente despidos y suspensiones por 180 días.

Apertura de los libros de las empresas y pago íntegro de salarios según normal y habitual.

Empresa que despida o cierre debe estatizarse sin indemnización alguna y ponerse bajo la dirección de sus trabajadores, profesionales y técnicos.