La reforma jubilatoria de Juan Schiaretti sancionada mediante la Ley 10.694 en 2020 ha demostrado ser un fracaso absoluto que solo apuntó contra los derechos previsionales de los trabajadores y las condiciones de vida de los jubilados provinciales. Luego de dos años de vigencia de la ley, el déficit de la Caja de Jubilaciones, que sirvió de excusa para aplicar la reforma, no ha hecho más que incrementarse.

En el primer trimestre de este año el déficit estuvo 30 puntos por encima de la inflación, comparándolo con el mismo período del año anterior. Esto despierta todas las alarmas porque plantea para el gobierno las bases para un nuevo ajuste. Pero luego del ajuste integral contra el régimen previsional de la 10.694, que reduce el cálculo del haber, destruye el 82%, posterga el pago de los aumentos y elimina el doble beneficio, el margen para una nueva reforma queda limitado a un aumento de la edad, en la línea nacional de la reforma previsional que exige el FMI y que maquillan como optativa. Pero si uno considera que, por ejemplo, un docente que se jubila pasa de un momento a otro a cobrar alrededor de la mitad de lo que cobraba en actividad, el aumento de la edad, más que una perspectiva posible u optativa, ya es un hecho forzoso.

Pero la cuestión del déficit de la Caja tiene otras aristas porque está intervenida hace décadas, sin control por parte de los trabajadores, beneficiarios y aportantes, y manejada integralmente por el Poder Ejecutivo porque forma parte del Ministerio de Finanzas de la Provincia. Es decir que el déficit, del cual intentan salir ajustando a los trabajadores, es responsabilidad exclusiva de los gobiernos que lo han inventado. Pero además, la provincia ha tenido en el último período un crecimiento en la recaudación: en mayo fue 79% mayor respecto al mismo mes del año pasado, lo que significa, descontando la inflación, un crecimiento de 14%.

El déficit de la Caja contrastado con el incremento de la recaudación demuestra por un lado la presión a la baja de los salarios, pero también expone la orientación política de latrocinio del gobierno contra las jubilaciones. El gobierno ha condenado a los salarios de los estatales y docentes a perder contra la inflación y mantenerse por debajo de la pobreza, a la vez que ha aumentado la porción en negro del salario, evadiendo los aportes a la Caja. Hoy el salario de una maestra está en 81 mil pesos, con un básico de apenas 23 mil, y con alrededor de un 20% del salario conformado por el incentivo en negro y sumas que no remuneran a la jubilación. El gobierno incrementa su recaudación con base en el ajuste a los trabajadores y transfiere el déficit a la Caja robando los aportes y destruyendo la jubilación y los derechos previsionales.

¿Cómo enfrentamos el ajuste jubilatorio?

Después de dos años de sancionada la ley no ha habido ningún paro ni plan de lucha de los gremios estatales contra esta reforma integral y recesiva del régimen previsional. Peor aún, no existe ni siquiera un acuerdo programático o al menos declamatorio que unifique el reclamo. La conducción del sindicato docente Uepc ha abandonado la exigencia de la derogación y reclama ahora una reforma que modifique algunos puntos de la ley, particularmente el diferimiento de dos meses en el pago de los aumentos. El planteo tiene su base en la especulación, largamente sostenida por la conducción celeste de Juan Monserrat, de que la armonización beneficiaría a los docentes si se respetara el régimen especial nacional de la ley 24.016, el que, por otra parte, como todos los regímenes especiales, está cuestionado por el acuerdo con el Fondo. Es decir que Uepc separa a los docentes del resto de los trabajadores en el reclamo previsional y acepta la entrega de la Caja al gobierno. No es casualidad que, apenas unos meses antes de que se sancione la Ley 10.694, la conducción de UEPC había entregado parte de los aportes previsionales como aumento salarial, preparando incluso la sanción de la reforma y la mentira que se divulgó después de que no afectaba a docentes.

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Para este reclamo parcial, la conducción de Uepc no llama a plan de lucha ni se dirige a la docencia. Por el contrario, hace un llamamiento genérico a la “ciudadanía” para lograr una “iniciativa popular” por la reforma de la ley jubilatoria, argumentando que Córdoba tiene la peor jubilación docente del país, lo cual no deja de ser cierto. Uepc llama a los ciudadanos a hacer un tedioso trámite a través de la plataforma del gobierno Ciudadano Digital para orientar el reclamo hacia un nuevo debate legislativo. Es una orientación que, en lugar de organizar la intervención y la lucha de la docencia, las disipa y las elude y por lo tanto prepara una nueva derrota, como fue con los casos de la 10.078 y la todavía vigente 10.333.

Contra esta orientación derrotista de la burocracia, las organizaciones de jubilados, particularmente de docentes autoconvocados, han encarado una campaña que tiene otro sentido, apunta a movilizar y plantea explícitamente la derogación de la ley. Han recolectado 17.900 firmas de docentes en apenas unas semanas y marcharon hacia la legislatura para entregarlas. El horizonte de esta campaña, si bien tiene la virtud de estar en la línea de la movilización, todavía se mueve en el terreno legislativo y evita el problema central del paro y el plan de lucha.

Para enfrentar el ajuste jubilatorio es necesario unificar a los trabajadores atras de un programa que plantee sin concesiones el reclamo de la derogación de la Ley 10.694, la recuperación del 82% móvil, la devolución de los aportes robados por el gobierno y el control de la Caja por parte de los trabajadores aportantes y beneficiarios. El reclamo previsional debe estar incluido en las discusiones paritarias y debe ser parte del debate por el salario. De otra manera, el gobierno especula con la plata de los trabajadores y les transfiere el déficit mientras mantiene el incremento de la recaudación para su propio beneficio y negocios.

La derrota del ajuste previsional, la recuperación del 82% móvil y la recomposición de nuestro salario no pueden lograrse mediante trámites burocráticos o notas digitales al gobierno, sino con el paro, el plan de lucha y la movilización. Es la perspectiva que va madurando y que tendrá una instancia en la jornada de lucha del 16 de junio que movilizará a trabajadores ocupados y desocupados con el planteo de un paro provincial para enfrentar el ajuste del gobierno.