Si algo le faltaba a los trabajadores de la construcción para que su régimen laboral dispute el ranking de los empleos más precarizados del país, ahora debemos agregarle las facilidades que el régimen especial de la construcción le ofrece a las patronales del rubro ante la crisis del coronavirus y la implementación de la cuarentena obligatoria.

Se trata de más de 350 mil trabajadores registrados, y otros tantos que realizan sus tareas en negro, que vienen siendo golpeados sistemáticamente por los efectos de la crisis, con más de 40 mil despidos en los últimos meses y 2 años de recesión en la actividad; salarios que, para el inicial, solo cubren el 65% de la canasta básica; siniestros graves y fatales con intensa frecuencia; jornada extenuantes, tareas pesadas y pésimas condiciones de trabajo; etc.

El decreto de Alberto Fernández, que ordena la cuarentena general, deja librado a la discreción de las patronales -conocidas por su inclemencia a la hora de evaluar costos y beneficios- las medidas a adoptar respecto al personal a su cargo.

Medidas patronales a la carta

Así, las constructoras y contratistas pueden optar por valerse del artículo 27 de la ley 22.250 (régimen especial de la construcción) que habilita a las patronales a suspender (o licenciar) a sus trabajadores por el plazo de 20 días, sin otra obligación que continuar realizando el aporte al Fondo de Cese Laboral (12% u 8% del salario dependiendo de la antigüedad). Se trata de una de las tantas arbitrariedades concedidas a las empresas para flexibilizar las condiciones de empleo cuya utilización adquiera características cuasi criminales ante la actual pandemia que azota al país. Los obreros de la construcción se atendrían a la cuarentena sin un peso en los bolsillos y sin ninguna política de contención por parte del Estado, que los ampare ante esta situación. Incluso se trata de trabajadores que figurarían ante los registros de la Anses como en relación de dependencia, aunque sin ingresos.

La otra opción de las patronales es dar por terminada la relación contractual apelando a las facilidades del régimen de la construcción. Resulta que en el rubro no rigen las multas y penalizaciones que dispone la ley de contrato de trabajo respecto a los despidos injustificados o incluso a las formas atenuadas de este. En este caso, las constructoras pueden disolver el vínculo integrándole al trabajador el Fondo de Cese Laboral, que sirve a las veces de caja de ahorro forzosa. De esta manera, las patronales quedan exentas a un costo cero, ya que es el trabajador quien se paga su propio seguro, quien se ve obligado de utilizarlo para sobrevivir a la cuarentena. Pasada la crisis sanitaria no tendrá un peso en el bolsillo ni empleo que reclamar. Estamos ante un régimen perverso.

El tercer punto, que no queda en claro, es de qué modo se garantizara la continuidad de la obra pública en estos días, la cual ha sido declarada exenta de la cuarentena. Los obreros de la construcción están entre los trabajadores más expuestos a todo tipo de sustancias tóxicas y trabajos pesados, sin que exista en el país un solo comité de higiene y seguridad, integrado por trabajadores, que vele por sus condiciones de trabajo ¿Serán las mismas patronales negreras y explotadoras las que establezcan las condiciones sanitarias? O quizás Gerardo Martínez, la burocracia sindical cómplice y asesina de trabajadores.

El resto de los obreros que trabajan en negro o viven de changas se encuentran absolutamente expuestos a las peores condiciones económicas, sin que aún se implemente alguna medida que les permita sobrevivir durante estos días. Peor es el caso de los obreros más adultos que no han logrado jubilarse debido a los altos índices de informalidad laboral y la discontinuidad del trabajo. 

¿Nuevas garantías a la patria contratista?

A todo esto, es interesante lo que consigna la Cámara de la Construcción (Camarco) en un comunicado público sobre la pandemia. Allí se vale de los despidos y de la situación de la industria para pedir una serie de facilidades financieras, créditos blandos, postergación de compromisos, flexibilidad de contratos y exenciones fiscales. Incluso piden estar cubiertos por los subsidios Repro: una impostura cuando se trata de cesanteadores seriales. El descaro toma magnitudes faraónicas cuando reclaman “Adecuar las discusiones paritarias en curso a la situación de emergencia sanitaria declarada” ¿Qué más quieren? Ya no es posible hundir más las condiciones de vida de los obreros de la construcción.

Mientras piden todo esta tipo de beneficios extraordinarios, el recientemente consagrado presidente de la Cámara, Iván Szczech, se encuentra imputado en la justicia por maniobras para evadir el pago de impuestos, simulación dolosa y sobreprecios en la obra pública: es uno de los implicados en la causa de los “cuadernos”.

La crítica situación que padecen los trabajadores de la construcción debe ser abordada con medidas de emergencia. Debe dictarse la prohibición de despidos y suspensiones, tornando imposible la aplicación del art. 27 del régimen de la construcción, así como la implementación del fondo de desempleo; licencias pagas, con un piso de $30.000, para todos los trabajadores; registración inmediata del trabajo informas e igualación de los derechos al personal registrado; seguro económico para albañiles y cuentapropistas de $30.000, garantizado por el Estado; cobertura de la obra social para todos los trabajadores del rubro, incluyendo a los más adultos que no se han podido jubilar; comisiones de seguridad e higiene, compuesta por trabajadores, en la obra pública.