Es conocido que tras declararse la cuarentena total, el servicio doméstico ha sido uno de los sectores laborales más afectados por los atropellos patronales, humillaciones de todo tipo, incumplimiento de la licencia con goce de sueldo y despidos ilegales.

 

En el universo de 1,4 millones de trabajadoras domésticas que se encuentran en esta situación en todo el país ha surgido un reagrupamiento de 200 trabajadoras en Córdoba, que ha comenzado a impulsar una coordinación de organización y acción con otros grupos en las provincias de Mendoza, Neuquén y Salta. En una primera iniciativa, este incipiente movimiento ha lanzado una juntada de firmas online, que en menos de cuatro días recogió 400 adhesiones para reclamar contra despidos, descuentos, falta de registración o irregularidades en la misma.

 

En una entrevista radial, Cristina Martínez, una de las voceras del movimiento, denunció que durante la cuarentena los empleadores han comenzado a modificar fraudulentamente la registración laboral, inscribiéndolas en la cuarta categoría (catalogada como de tareas esenciales por cuidado de menores y ancianos) para así obligarlas a cumplir. Asimismo, bajo amenazas de no pagar salarios o directamente despedirlas, coaccionan a las trabajadoras para que mientan en la declaración jurada y obtengan el Certificado Único de Circulación para asistir a los domicilios donde desempeñan las tareas.

 

También señaló que el salario correspondiente a la cuarta categoría es de apenas $1.000 más que la quinta y última categoría (tareas domésticas generales) en la que se encuentran registradas la inmensa mayoría de trabajadoras domésticas. Además, puso en evidencia que muchas de las trabajadoras, durante años, han sido incorrectamente registradas para eximirse de pagar ese mísero aumento, y que ahora les han reconocido el derecho solo para no otorgarles la licencia con goce de sueldo. Por supuesto, en ningún caso se ha abonado la diferencia salarial acumulada durante años, ni mucho menos la indemnización por incorrecta registración.

 

Esta nueva vulneración de derechos laborales se suma a la larga lista de atropellos. Han denunciado con anterioridad que las empleadoras evaden el pago de haberes obligándolas a tramitar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y las ayudas sociales como parte de la remuneración por su trabajo.

 

Entre las trabajadoras existe plena conciencia de que todo ocurre bajo el absoluto silencio cómplice de la conducción gremial de Alcira Burgos, que mantiene cerrado el sindicato (Sinpecaf) desde que comenzó la cuarentena y colocó un cartel en la puerta con el  número telefónico del abogado del gremio. El asesoramiento letrado consiste en repeler cualquier acción gremial, enviándolas al Ministerio de Trabajo de la provincia a negociar individualmente con sus empleadores, en disparidad de condiciones. Por ello, la conclusión común de que es necesario recuperar la conducción del gremio como herramienta para la defensa colectiva de sus derechos, ha comenzado a tomar cada vez más fuerza.

 

Esto es así, porque a nadie escapa que la mayoría de las empleadas domésticas trabaja de manera informal, bajo riesgo constante de ser despedidas sin ninguna prestación, lo que las convierte en uno de los segmentos más vulnerables laboralmente a nivel global. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su informe “El Covid-19 y el trabajo doméstico en Argentina” explica que las trabajadoras domésticas representan en Argentina el 5,6% del empleo, el 17,4% de las mujeres ocupadas y el 22% de las asalariadas, pero tres de cada cuatro no están registradas como empleadas formales y, por lo tanto, no acceden a derechos laborales ni a la protección social. Esto implica que carecen de seguro e indemnización por desempleo, cobertura por riesgos en el trabajo, licencias por enfermedad y la inscripción a obras sociales.

 

Ante la apremiante realidad, el movimiento de empleadas domésticas de Córdoba avanza en una coordinación nacional con el activo disperso, para aunar reclamos y acciones de lucha. La juntada de firmas es un primer paso en ese sentido, que se presentará como reclamo colectivo ante el Ministerio de Trabajo de la provincia y la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP).

 

Desde la banca del PO- FIT presentamos un proyecto en la Legislatura para la registración de todas las trabajadoras; la prohibición de despidos, descuentos salariales y adelanto de vacaciones; la universalización de un seguro de 30 mil pesos para todo el sector. Con este programa y bajo la premisa de que es necesario organizarse en la recuperación de los sindicatos apuntamos a seguir fortaleciendo a fondo la lucha de las empleadas domésticas.