Hace una semana la Municipalidad de Jesús María le comunicaba al Sindicato de Trabajadores Municipales que suspendería el acta acuerdo del mes de marzo debido a la situación financiera que provocó la pandemia. De este modo, se pretendía cancelar el aumento del 5% para el mes de abril, el refrigerio y el pago de un adicional no remunerativo. Aquí no concluye la cosa; el municipio recortaría, además, un 10% los salarios mayores a $33 mil.

 Estos intentos de recortes salariales por parte del municipio a salarios de trabajadores que no alcanzan la línea de pobreza es una vergüenza. Varios de ellos se desempeñan como agentes de salud y son los garantes de todos los servicios que presta la Municipalidad, es decir que son los que están en la primera línea de acción para combatir la pandemia.

Rápidamente, el sindicato se movilizó y emitió un comunicado que direccionaba una intervención de los trabajadores frente a semejante ataque patronal. Se estableció allí el estado de alerta y movilización bajo el planteo de que el “salario es un derecho adquirido que no puede ser violentado bajo falsos argumentos, cuando somos justamente nosotros el sector más expuesto a la contaminación del Covid-19 por el trabajo comunitario que desarrollamos”, según reza un comunicado del sindicato del pasado 15 de abril.

Luego de esta medida, el intendente Luis Picat dio un paso atrás y firmó un acta ante los trabajadores que expresaba que hasta el momento no ha habido recortes salariales y que se mantendrán los canales de diálogo abiertos para ver cómo afrontan la actual situación de emergencia. Las y los trabajadores han interpretado este posicionamiento de la intendencia con la desconfianza que les otorga la experiencia transitada con un intendente que, entre otras cosas, se niega a otorgarle a los empleados que hoy garantizan los servicio esenciales las condiciones mínimas de seguridad e higiene poniendo en riesgo a la familia municipal y al conjunto de los habitantes de Jesús María.

Para la próxima semana se ha convocado a una sesión virtual del Concejo Deliberante con todos los bloques donde pretenden votar la emergencia económica y esa emergencia, entre otras cosas, prepara las condiciones políticas para ajustar a los vecinos y a los trabajadores municipales.

Es por esto que el sindicato mantiene el estado de asamblea permanente para asegurar que se respete el acuerdo alcanzado en marzo y que no se proceda a ningún recorte salarial en sueldos que en su mayoría no llegan a cubrir la canasta de pobreza, hoy en $43 mil. La organización y la lucha de los trabajadores y sus organizaciones combativas son la que garantizarán el primer punto del programa de los municipales: por una cuarentena en casa, sin hambre y sin despidos.