Pablo Pucheta y Daniel Córdoba, ambos trabajadores del Estado, perdieron la vida a causa del coronavirus. El primero falleció el pasado viernes, tenía 39 años y se desempeñaba en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Jesús María. La otra víctima trabajaba en la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Cabe señalar que Pablo Pucheta estaba trabajando como contratado hacía 13 años, mientras que a Daniel Córdoba, quien hacía 14 años que trabajaba en el Complejo Esperanza cumpliendo funciones de guardia, el gobierno le había iniciado un sumario por haber ido a trabajar con coronavirus sin saberlo.

Los trabajadores del Estado, si bien realizan tareas esenciales, no han sido tenidos en en cuenta en el plan de vacunación del gobierno, que dicho sea de paso, avanza a cuenta gotas.

Trabajadores del Complejo Esperanza, en declaraciones a La Voz del Interior, señalaron: “seguimos figurando como administrativos y nadie se hace cargo, ni el sindicato, ni el gobierno. Nosotros estamos todos los días frente a los chicos y estamos cubriendo guardias de los compañeros que están contagiados”.

También denunciaron que el gobierno provincial no les brinda los insumos de bioseguridad suficientes y hasta se tienen que pagar ellos mismo su propio barbijo. “Nos dieron una vez una escafandra y la bata. Los chicos siguen con actividades y está todo como si no hubiera pasado nada y sin vacunar”, señalaron.

Los trabajadores del Estado están continuando en funciones sin las más mínimas condiciones de bioseguridad. La responsabilidad de quienes gobiernan y de la burocracia sindical salta a la vista.

En este marco, se impone la necesidad de que existan comités de bioseguridad en los lugares de trabajo para que los trabajadores puedan controlar las medidas vinculadas con resguardar la protección de la salud en dicho establecimiento.

Es necesario impulsar la deliberación para construir el paro que permita arrancarle al gobierno todos los reclamos pendientes. Además, es urgente poner en marcha un organismo independiente en defensa de la salud de los trabajadores frente a la desidia de quienes gobiernan y de la burocracia sindical, quienes acordaron un pacto social no escrito para continuar descargando un ajuste brutal sobre el pueblo trabajador.

En función de defender la vida de la población, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda está impulsando una campaña para garantizar la inoculación de toda la población sobre la base de que el Estado declare de utilidad pública la planta, propiedad de Hugo Sigman, ubicada Garín, en donde se fabrican millones de dosis de AstraZeneca.

Desde la agrupación Naranja de Estatales tomamos esta campaña crucial para lxs estatales tanto nacionales como provinciales y municipales que sufrimos la falta de recursos y protocolos para desarrollar nuestras tareas. Llevemos esta campaña a cada lugar de trabajo y vamos por un plenario general de ATE con mandato de base que defina un plan de lucha.