En las escuelas municipales de Córdoba se desarrollan asambleas para reclamar contra la precarización laboral de les contratades que cumplen tareas de maestranza, la inseguridad en los establecimientos, por tareas inconclusas de infraestructura, que se garantice la conectividad y denunciar la inadecuada liquidación del material didáctico, entre otras cuestiones.

Es una situación análoga a lo que se vive en los centros de salud, donde les trabajadores reclaman también contra la precarización, la falta de liquidación de bonificaciones, el pase a planta de contratados y la regularización de la contratación laboral y de las deudas que acumula el municipio.

El Estado pretende cubrir las necesidades de personal con el ingreso de trabajadores precarizados bajo la modalidad de servidores urbanos, becarios y monotributistas. Es lo que denuncian los agentes de las diferentes reparticiones, siendo las más sensibles las áreas de salud y educación.

Para que pueda cumplirse el protocolo autorizado por el COE para el regreso presencial “cuidado” a las escuelas, es indispensable que se efectúe la limpieza de los establecimientos, que reflejan un deterioro de años. Las tareas de maestranza son realizadas por “becarios” que no están ligados al municipio por relación contractual, y las empresas de limpieza contratan trabajadores con salarios por debajo de la línea de indigencia. En los centros de salud no se cubren las licencias, lo que sobrecarga el trabajo de los profesionales en función y afecta la prestación del servicio, particularmente en las barriadas más alejadas del centro de la ciudad.

Becarios, monotributistas y servidores urbanos son parte de un esquema precarizador que engrosa las filas de los trabajadores municipales. El Poder Ejecutivo municipal desarrolla de esta manera una política destinada a dinamitar un estatuto laboral que sintetiza nuestras conquistas históricas, tirando hacia abajo el salario municipal, profundizando la intervención de empresas privadas que sustituyen al trabajador de planta y haciendo caso omiso a la necesidad de las escuelas, de los centros de salud y de las reparticiones que requieren contar con personal estable para su funcionamiento.

La respuesta del gobierno a las asambleas convocadas desde el sindicato fue requerir a los equipos directivos la nómina de agentes participantes por cada turno, una práctica intimidatoria y violatoria del derecho sindical a la deliberación. El requerimiento constituye una avanzada represiva y autoritaria que el intendente Martín Llaryora ya exhibió con claridad durante el año 2020, cuando en plena pandemia modificó la ordenanza que regula la jornada laboral de los trabajadores de planta reduciendo en una hora la jornada y aprovechando esta violación normativa para ajustar salarios.

Sin embargo, al contrario de lo pretendido por la gestión peronista del municipio, en las escuelas y en el resto de las reparticiones nos organizamos para enfrentar esta avanzada sobre los derechos laborales y sindicales, defendiendo el derecho sindical apoyándonos en la organización conquistada aún en la virtualidad. Necesitamos fortalecer el protagonismo de las escuelas, con asambleas y elección de delegados, para elaborar un plan de lucha común contra el ajuste y para que se garanticen las condiciones para una presencialidad segura, con trabajadores bajo convenio.

En vísperas de los 45 años del golpe genocida, que se perpetró para liquidar el alza del movimiento obrero en la defensa de sus derechos y reclamos, sigamos defendiendo las conquistas en las aulas, en las salas y en las calles. Ningún amordazamiento de los trabajadores que reclaman por sus derechos.