Durante estos días de ajuste y pandemia hemos asistido a dos hechos represivos aparentemente inconexos pero profundamente ligados entre sí. Uno de ellos es el que protagonizamos los municipales de Córdoba, movilizados en reclamo por nuestros derechos laborales, con una paritaria vencida y una oferta que sólo recomponía parcialmente los reclamos salariales.

Ese viernes 30 de octubre, cuando cada repartición se organizaba para participar de una marcha común en el centro de la Ciudad, un operativo de la infantería disparó contra los trabajadores de alumbrado público, hiriendo a dos trabajadores. Una de ellos, la delegada Erika Suvaljko, fue herida con una bala de goma en el ojo y aún no recupera la visión. Luego de esa represión y su posterior derivación en una refriega en el palacio 6 de Julio, la policía detuvo -en una cacería de brujas- a seis trabajadores utilizando como espacio para el cautiverio la playa de estacionamiento subterránea del edificio municipal, que fuera sitio de detenciones ilegales durante la última dictadura cívico-militar. De estos compañeros apresados aún hay algunos detenidos y uno más fue exonerado por el intendente Martín LLaryora sin que mediara ningún procedimiento administrativo y utilizando como toda evidencia para la supuesta comisión de un delito una foto donde el compañero aparece sosteniendo un mortero de fabricación casera. Un apartado más de este cuadro represivo fue el allanamiento a las viviendas de trabajadores municipales, imputados por lesiones a un comerciante de la zona de Barrio Observatorio. La represión municipal estuvo asociada a una campaña mediática que nos presentó como vagos, violentos y privilegiados.

El otro hecho es el relacionado con el violento desalojo de familias que habitaban un predio baldío -un basural a cielo abierto- en barrio Estación Ferreyra. Este hecho coronó una serie de desalojos violentos perpetrados por la policía a instancias del poder judicial para disciplinar a los trabajadores que construyen viviendas precarias en tierras ociosas, imitando lo ocurrido semanas atrás en otras ocupaciones de tierra. Estas familias llegan a esta situación ante la imposibilidad de pagar un alquiler y frente a la inexistencia de planes de vivienda provinciales, en medio de la peor crisis económica de la historia de nuestro país. De esta manera, mientras se garantiza la especulación inmobiliaria con miles de inmuebles ociosos, no se ofrece ninguna salida a los trabajadores sin vivienda. Ante el reclamo de la legisladora Soledad Díaz García y el abogado Jorge Navarro respecto de la necesaria orden de desalojo para proceder con el operativo, la respuesta fue la detención de ambos junto a otros nueve trabajadores, dos de los cuales siguen detenidos. Se trata de Karen Altamirano y Mariana Rivadero, madres de familia, detenidas desde el jueves, sin ficha prontuarial y a las que se les ha negado la excarcelación.

Ambos hechos, aparentemente inconexos, tienen un hilo de continuidad: son la expresión de un régimen social que utiliza cada resorte del estado para garantizar la defensa del interés del privado por sobre el de las grandes mayorías. Y por resorte del estado nos referimos al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial, incluyendo sus organismos -Senaf (Secretaría de Niñez y Adolescencia), invocado para amenazar a las ocupantes con la quita de la custodia parental de no allanarse a la represión estatal-. Atacar a los municipales es necesario para destruir uno de los convenios colectivos más fuertes de la provincia y para minar la voluntad de lucha de las y los trabajadores. Atacar a los desocupados es desligarse de una responsabilidad estatal incluso establecida por la legislación vigente, que prevé la asignación de tierras para las viviendas populares.

Como se advierte, la represión coloca a los trabajadores bajo la figura de presos políticos de este régimen, que es el elemento común a ambos escenarios necesario para garantizar que pase el ajuste con la complicidad paga de los medios de prensa.

Desde nuestra agrupación nos solidarizamos con todes les luchadores detenides, exigiendo su liberación inmediata y el cese de la represión estatal que criminaliza la protesta social. Reclamamos la investigación del operativo donde agentes de infantería dispararon contra nuestra compañera delegada y la restitución de la condición de trabajador de Nelson Cuello. Es necesario que se convoque al paro para doblegar la escalada represiva de Llaryora y Schiaretti contra los trabajadores y liberar a los compañeros municipales que aún permanecen detenidos. De ese modo, con la intervención obrera de los sindicatos, se puede doblegar al gobierno, que avanza con la represión para pasar el ajuste.