Las trabajadoras de casas particulares de la provincia de Córdoba realizaron este miércoles 2 una presentación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en reclamo de un aumento salarial y condiciones laborales dignas. La misma fue acompañada por la legisladora provincial del FIT, Soledad Díaz García, y se realizó en el marco de la jornada nacional de lucha resuelta, semanas atrás, por el plenario que congregó a más de 200 trabajadoras de casas particulares de diferentes puntos del país. Esto se complementó con una acción de visibilización mediante las redes sociales.

Cristina Martínez, vocera y referente de la agrupación Trabajadoras de Casas Particulares en Lucha, señaló que “en esta ocasión nos dirigimos al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en consonancia con acciones en todo el país, para exigir un aumento salarial de 100%, la reincorporación de todas las trabajadoras despedidas, un seguro de $30.000 para todas las desocupadas en el contexto de pandemia, y para reclamar contra la precarización y los maltratos patronales”. La trabajadora denunció las pésimas condiciones a las que son sometidas por los empleadores, amparados por el gobierno: “aumentan cotidianamente los despidos y las rebajas salariales durante la cuarentena y ya es insostenible la vida. Además, muchas no pudieron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y algunas que sí lo cobraron padecieron que sus patrones se lo descuenten del sueldo”.

Hace más de dos meses, con 450 firmas, las trabajadoras denunciaron ante el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que el protocolo de bioseguridad les impone obligaciones pero no garantiza ningún derecho. Todo el gasto en materiales de higiene y bioseguridad corre por parte de ellas. Además, les exigen el uso de transporte particular pero no obligan a los empleadores a pagar los gastos, todo sale del bolsillo de estas mujeres, cuyo salario mínimo está por debajo de la línea de pobreza. Las trabajadoras reclaman otra normativa, que les garantice derechos mínimos como la estabilidad laboral y la cobertura de gastos extras a cargo de los empleadores.

Pese a que el COE cuenta con una división de género impulsada por el ministerio de la Mujer de la provincia, durante la pandemia se han pasado por encima derechos elementales para una rama laboral absolutamente feminizada.

Con este escenario, las trabajadoras de casas particulares han puesto en pie una coordinación de lucha nacional.