En el mediodía de ayer, volvió a concretarse una multitudinaria manifestación de municipales en la ciudad de Córdoba. A escasas horas de haber percibido sus salarios y advertido el enorme recorte en ellos, los trabajadores repudiaron en las calles al intendente Martín Llaryora, quien se excusa en la pandemia y en el déficit de la recaudación, mientras no para de atacar el convenio colectivo.

Esta vez el objetivo de la movilización fue la sede del Tribunal de Faltas, en repudio a la escandalosa contratación de 42 abogados monotributistas para realizar funciones que por ordenanza corresponden a los inspectores de tránsito. El secretario de Gobierno, Miguel Siciliano, argumentó que esta contratación se justifica para garantizar la prevención frente a la pandemia, ya que los abogados estarían visitando comercios para evitar los contagios del Covid-19 y garantizar que se cumpla el protocolo de distanciamiento social, gracias a lo cual las cifras de contagio que la ciudad exhibiría son bajas. El mencionado funcionario también señaló que esta tarea es necesaria puesto que los municipales estarían desarrollando medidas de fuerza que harían imposible garantizar las políticas hacia la población.

 

El ataque a los trabajadores de tránsito no acaba allí: revisarán la bonificación por función que reciben por “chapa de inspector”, afectando con la medida a 1.300 empleados que desarrollan esta tarea. Se trata de un plus del 30% del salario. La advertencia planteada anuncia el recorte que se viene, como ha ocurrido en cada repartición.

Siciliano miente descaradamente y el escándalo mediático desatado no para. Es que los municipales están sujetos a un receso administrativo establecido por la autoridad municipal y quienes han buscado ocupar sus lugares laborales han encontrado el impedimento en manos de los directores de las reparticiones. Fue lo sucedido con los trabajadores de las áreas operativas, quienes recurrieron a un escribano para certificar su intención de retomar la tarea en sus lugares de trabajo a pesar del receso administrativo decretado por la autoridad, pero el impedimento para sacar los móviles, la falta de insumos y de programación de tareas mostró a las claras cuál es el objetivo del Departamento Ejecutivo Municipal.

Además, muchos de estos trabajadores de planta están comprendidos por la franja sanitaria que corresponde a la licencia por Covid-19, pero prefirieron salir a la calle y exponerse al observar cómo se afecta diariamente su fuente laboral.

La actitud de los trabajadores de las áreas operativas refleja la voluntad de defender los puestos de trabajo, porque sin trabajo no hay salud posible. Echan por tierra el argumento del Ejecutivo municipal que manda a los trabajadores a cuidar su salud, mientras ataca su salario y sus condiciones de trabajo. El Estado municipal vino a precarizarnos y aprovechan la pandemia para desarrollar a fondo este ataque.

A pesar de este ataque, los trabajadores desarrollan iniciativas por repartición que suman adhesiones para poner un freno a este avasallamiento. La movilización de este jueves, que se articula con otras movilizaciones desarrolladas en diferentes reparticiones –las de la DAPS, los CPC en el Mercado Norte, Medicina Laboral, etc.- muestra que los trabajadores hemos superado el amedrentamiento operado a través de las imputaciones y tenemos toda la voluntad de defender nuestra fuente de trabajo y nuestro estatuto.

Necesitamos direccionar de conjunto estas iniciativas a través de una asamblea general de delegados, que establezca un plan de lucha progresivo para derrotar este ajuste.