Hace trece días que está paralizado el transporte interurbano de pasajeros de Córdoba. El paro total que llevan adelante los trabajadores se debe a dos reclamos elementales: el incumplimiento salarial y las condiciones de salubridad e higiene que se necesitan para trabajar en un servicio esencial durante la cuarentena obligatoria por Covid-19. Los choferes expresan la falta de diálogo y la total desidia por parte de las empresas para resolver la situación, no se sabe ni se estima cuándo les pagarán lo que les deben.

La situación es grave por donde se la mire. Lo que están haciendo las empresas es un atropello escandaloso a las condiciones de vida de los choferes, sus familias y los cientos de miles de usuarios que no pueden viajar en colectivo. Esta huelga superó a la de UTA del 2017 sin que el gobierno provincial intervenga obligando a las empresas a pagar lo que deben y a garantizar las condiciones de prevención que el propio gobernador declara son las necesarias para cuidar a la población. La falta de intervención de Schiaretti, y lo que es más grave, la continuidad de los subsidios millonarios a las empresas del transporte, se debe a los negocios que lo unen con los sectores empresarios quienes manejan de forma monopólica el transporte de la provincia. Estas empresas por su parte, muestran con más claridad que nunca su accionar inescrupuloso: embolsan fortunas a costa de tarifas carísimas y un servicio deficiente, que perjudica notablemente el traslado de miles de usuarios que utilizan el servicio para moverse hacia sus trabajos o lugares de estudio. El transporte como lucro de negociados privados también se hace sobre las espaldas de la flexibilización laboral de los trabajadores del transporte.

El planteo que desarrolló la conducción de Aoita (sindicato que nuclea al transporte interurbano), quien exigió un reparto equitativo de los subsidios, no garantiza la resolución del problema de fondo. Con subsidios del Estado provincial y nacional más o menos distribuidos, la voracidad de los capitalistas del transporte, y la venia del gobierno para que esto proceda, ya mostró todas las fases de su fracaso. Cada dos por tres, las empresas adeudan salarios, suspenden o despiden sumado a las escasas frecuencias y falta de unidades lo que constituye un calvario constante entre los usuarios. Se trata de proceder en otro sentido para darle una salida de fondo, que solucione verdaderamente el problema del transporte interurbano en beneficio de los trabajadores y usuarios.

Para abordar esta grave situación, días atrás la bancada del Frente de Izquierda presentó un proyecto para proceder a la estatización del servicio, poniéndolo a funcionar bajo control de trabajadores y de usuarios. No se puede permitir que en medio de la lucha contra la propagación del coronavirus que lleva adelante todo el pueblo, estos empresarios estén especulando con un servicio esencial. Nuestra salida plantea el pago de los salarios a los trabajadores por parte del Estado y la estatización del sistema de transporte interurbano que garantice frecuencias, condiciones de salubridad para afrontar la cuarentena administrada y el fin de la flexibilidad laboral.