Un caso de Covid en un chofer de la empresa Coniferal expuso nuevamente la precarización del servicio del transporte público de pasajeros. De acuerdo a la versión oficial, el chofer contagiado contrajo el virus por un contacto estrecho y no estuvo manejando unidades, por lo que no tuvo contactos con usuarios. Sin embargo, la circulación de colectivos continúa bajo condiciones de falta de inversión por parte de las empresas para garantizar la bioseguridad y la frecuencia que responda a la demanda.

Las empresas han puesto a circulación unidades con parabrisas rajados, con falta de partes del paragolpe, colectivos que tienen el ITV vencido o les falta higiene, entre otras irregularidades que representan un peligro para trabajadores y usuarios. Estas condiciones de precarización ya fueron denunciadas con anterioridad, y fue un elemento que impulsó la huelga del 2017, desde ahí en adelante, la prestación del servicio empeoró.

Actualmente, Ersa emitió la orden de burlar el control de los inspectores municipales. Sucede que en las puntas de línea se suele realizar la revisión de los vehículos, ahí los sacan de circulación y los envían a la base de San Carlos. Sin embargo, los ponen de nuevo en la calle porque no tienen más unidades en condiciones para continuar garantizando el servicio. De ese modo, colectivos no aptos retoman el recorrido desde un lugar en donde no están los controles. Una burla de la patronal al conjunto del pueblo trabajador.

Tras la disposición del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de habilitar el 60 % de los asientos de las unidades, los choferes cumpliendo la normativa no suben más personas una vez alcanzada la capacidad habilitada, lo que deja a muchas personas esperando el próximo colectivo, bajo el intenso frío en una parada precaria.

Con lo cual tenemos un doble riesgo, puesto que en las paradas se aglomeran personas y, si tienen la suerte de subir, las unidades no están equipadas como corresponde que lo estén para brindar servicio en plena pandemia. Cabe decir que el chofer no tiene una cabina aislante y tiene que estar 7 horas expuesto.

El intendente que debería actuar como contralor del servicio viene actuando en complicidad con las patronales del transporte. Vale señalar que el área de la municipalidad diseñada para inspeccionar las unidades se fue vaciando bajo la gestión de Mestre, y con la llegada de Llaryora se continuó en la misma tónica.

En ese sentido, a Prensa Obrera llegaron testimonios de trabajadores que dan cuenta de las condiciones en que regresó el transporte urbano de pasajeros. Las patronales, ni en un cuadro de pandemia, invierten en mejorar las condiciones de bioseguridad para resguardar la salud de la población.

“La empresa no te da nada, no nos da los elementos de seguridad, no te da guante, no te da barbijo, vos vas a la mañana a sacar el coche y no hay quién controle si el coche está en condiciones o no, vos llegás a la punta de línea”. De esta forma las empresas exponen la salud de trabajadores y usuarios de un transporte público.

El activismo de trabajadores que arrancó la huelga, y mediante la lucha se garantizó cobrar la deuda, tiene el desafío de continuar organizándose por mejores condiciones laborales. La acción de las y los trabajadores es clave para arrancar las medidas de bioseguridad que las empresas no quieren dar.

El pueblo trabajador debe sacar todas las conclusiones de la actual prestación del servicio que es responsabilidad de las patronales y de Llaryora. Es necesario un frente único de trabajadores del transporte y usuarios para conquistar un servicio de calidad y garantizar el convenio colectivo de trabajo.