Este sábado 6 de marzo, el diario La Voz publicó un artículo dedicado a exponer en números el avance de la precarización laboral que ejecuta la gestión del intendente cordobés Martín Llaryora.

Allí se publica que “si se observa sólo la planta de municipales –efectivos, transitorios y contratados bajo el convenio del Suoem-, el número asciende a 10.291 agentes” de los cuales “9.111 son de planta permanente, 97 son de planta transitoria y 602 son contratados, la mitad de los cuales trabaja en la Secretaría de Salud”. De los de planta, no todos percibirían la totalidad de sus salarios, ya que 770 agentes se han acogido a la pasividad anticipada.

Por fuera de estos datos están los trabajadores monotributistas (818), los becarios y pasantes (961) y los trabajadores de los entes autárquicos (Tamse y COyS; 1.678 empleados). Tomando sólo aquellas cifras que se refieren a la planta municipal se desprende que los precarizados alcanzarían un 23% (602 + 818 + 961= 2.381) del total de trabajadores que se desempeñan en la Municipalidad. Todo un dato que nos debe alertar acerca de la perspectiva hacia la que avanza esta gestión.

El objetivo del artículo de La Voz es continuar instalando la preocupación en torno a los salarios que paga el municipio a su personal de planta y a la cantidad de empleados, haciendo referencia a una línea editorial inconfundible: “Esa es la otra constante de la política de personal de Llaryora: los sueldos de las empresas municipales son más productivos. Entre los municipales, esa característica no se reitera”. De esta manera, el matutino le da un espaldarazo al propio gobierno que utiliza el argumento de la descentralización para profundizar el ataque al estatuto municipal y liquidarlo como conquista histórica de los trabajadores.

Lo que no dice el matutino es quiénes son los ganadores y perdedores de esta política de ajuste municipal, que se expresa en un incremento de los trabajadores contratados por fuera del convenio.

Los primeros, claramente, son los propios compañeros precarizados que, en su mayoría, viven en la indigencia y no gozan de los mínimos derechos laborales. Cada trabajador precarizado es el reflejo de todo un sistema que precariza, bajo condiciones que exhiben una inestabilidad permanente, pérdida de derechos, salarios a la baja, sin aportes personales ni contribuciones patronales.

En segundo lugar, los otros perdedores son los activos de planta, cuyo convenio y estatuto pasa de ser un “derecho” adquirido a un “privilegio” que hay que eliminar. Los trabajadores precarizados son la variable a través de la cual la patronal extorsiona permanente contra el salario y las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores.

También pierden los trabajadores jubilados, para quienes la destrucción de la movilidad es un hecho, no sólo por la vigencia de la ley 10.964 que prorratea el cálculo jubilatorio en los 10 años precedentes a la jubilación, sino también porque cada vez hay menos aportantes a la caja, colocando el argumento del déficit como un caballito de batalla para justificar el brutal ajuste sobre los jubilados.

Entre los principales ganadores directos están los empresarios contratistas del Estado, que han visto multiplicadas las oportunidades para ligarse a los servicios y a la obra pública, contando para ello con la habilitación del propio municipio, que no controla nada. Y de forma indirecta la “patria contratista” y los especuladores de la deuda pública, a los que se les está transfiriendo el “ahorro” del gasto público.

Un planteo de salida

La tendencia a la contratación de trabajadores precarizados es  dinamita para el estatuto. Para frenar el ataque sistemático que el Ejecutivo municipal hace sobre nuestra organización, la conducción del Suoem debe romper todos los lazos que lo unen a Llaryora y al conjunto de los gobiernos que hace años nos precarizan. Es necesario establecer la independencia política respecto del Estado como garantía de la defensa de los trabajadores.

En ese sentido, debemos transformar cada repartición en un espacio de deliberación que debata el vaciamiento que se opera vía la confiscación legal (la ley vigente) y la ilegalidad habilitada por la ordenanza de emergencia, que sigue violentando el estatuto municipal. Debemos elaborar un padrón único de todos los compañeros y compañeras precarizadas, estableciendo un criterio democrático para que de forma progresiva todos los municipales pasen a planta.

La protección de nuestro convenio se garantizará cuando los trabajadores retomemos el control del ingreso a la Municipalidad. Esto, y un aumento salarial que recupere lo que perdimos por inflación y reestablezca la cláusula gatillo es la tarea que, consideramos, tenemos por delante.

Este camino están tomando nuestros/as compañera/os municipales de Jesús María, que por tercer año consecutivo, desde que recuperaron el sindicato, han conquistado un aumento por encima de la inflación y mantienen una mesa de negociación donde se discute el pase a planta. Si se precariza la planta municipal perdemos los trabajadores. Si se estabiliza la planta ganamos los trabajadores activos, pasivos y los vecinos, que a diario advierten cómo siguen sin resolverse cada uno de los problemas cotidianos que afrontamos.

Ningún trabajador municipal por fuera del convenio. Ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza. Abajo los negociados que habilita la precarización. Defensa del 82% móvil de la jubilación para la que aportamos durante nuestra actividad. Abajo la flexibilización que pretende imponer mediante la descentralización Viola y Llaryora.