El martes 11 de julio concluyó la conciliación obligatoria y ninguno de los 183 compañeros y compañeras del transporte de Córdoba despedidos volvió a su puesto de trabajo. El motivo es sencillo: la burocracia de la gremial UTA, de Roberto Fernández, es la principal impulsora de estos despidos.

 

En primer lugar, fue la propia burocracia la que, frente a la perspectiva de un arreglo en el cuarto día de la larga huelga –que contemplaba la reincorporación de los despedidos– anunció que no pondría su firma, lo que determinaba que las empresas (nucleadas en la FETAP) dejaran de recibir subsidios, por lo que las patronales se echaron atrás.

 

En segundo lugar, Fernández habilitó los despidos y usó la conciliación obligatoria para sembrar el miedo, dividir y finalmente perseguir a los delegados que democráticamente recibieron el respaldo de sus bases.

 

Por último, al mejor estilo mafioso, utilizó la desesperación de las familias que han quedado en la calle para que sean los mismos despedidos quienes destituyan a sus delegados. Para ello convocó a una asamblea trucha e ilegal de Tamse Trolebuses (lugar donde la saña contra el cuerpo de delegadas llevó a cobrarle 60 despidos de mujeres, quienes son sostén de familia). Con el desafuero de las delegadas, se propician sus propios despidos y se va la única posibilidad real de organizar la reincorporación de todos los cesanteados.

 

El ataque de UTA a los delegados que respetaron las decisiones de la asamblea general durante la huelga, así como la represalia de los despidos, busca mantener el régimen de miseria salarial del 8% para todo el año 2017, cuando la inflación interanual se acerca al 30%.

 

La UTA nacional desconoció todos los derechos adquiridos de los trabajadores de UTA Córdoba, que plantean una equiparación gradual del sueldo básico de Córdoba al sueldo básico nacional, por encontrarse totalmente desfasado. Todas las peticiones que los trabajadores hicieron al respecto, tanto al interventor de UTA Córdoba, Luis Arcando, como a los directivos nacionales, cayeron en saco roto. La rebelión de los trabajadores de UTA Córdoba se dirigió contra este saqueo a su bolsillo y contra el ninguneo y hostigamiento constante que imponen las empresas, la Municipalidad y el Ministro de Trabajo.

 

“No es personal, son sólo negocios”

 

Fernández, al mejor estilo Corleone, es el garante de que los empresarios la sigan levantando en pala. La estructura mafiosa de ganancias millonarias que mueve el transporte de pasajeros fue cuestionada por los delegados y el activismo. El principal representante de esa mafia, en Córdoba, es el intendente capitalino Ramón Mestre, que le ha entregado sin licitación e ilegalmente el 75% del transporte municipal y el 50% de la recolección de la basura a la empresa ERSA, ligada a su familia desde tiempos en que su padre era interventor de Corrientes. El negocio mafioso del transporte en Córdoba tiene un importante botín: el boleto aquí es de $12,50 –uno de las más caros del país.

 

Cuando los integrantes de UTA nacional atacan a los trabajadores, a los delegados que se pusieron al frente de la lucha o inclusive al Partido Obrero que acompañó la huelga, actúan con total conciencia de lo que buscan, que no es otra cosa que desarmar a los trabajadores cordobeses y someterlos totalmente a la mafia del transporte, de la cual ellos son partícipes principales.

 

La respuesta obrera

 

El activismo de UTA y los cuerpos de delegados antiburocráticos han desarrollado iniciativas que buscaron superar la parálisis a la que llevó Fernández el conflicto. Sin embargo, cada medida ha sido atacada por la burocracia y por los principales medios de comunicación con una violencia inusitada. Hasta el arzobispo cordobés, Carlos Ñáñez, se pronunció en el Tedéum del aniversario de la fundación de Córdoba contra la huelga de UTA. En una ciudad donde, según datos de su propia Universidad, más de la mitad de los niños son pobres, lejos de dirigirse a los responsables de este magnicidio –que presenciaban la misa–, prefirió atacar a los choferes y a los municipales por el “uso indiscriminado al derecho de huelga, efectiva o encubierta, que perjudica a muchos trabajadores”.

 

En defensa del ajuste capitalista, el Estado, su Iglesia, su burocracia y sus medios de comunicación se han puesto al servicio de atacar una huelga que ha calado en las fibras más sensibles del trabajador cordobés empobrecido y que ha revolucionado la UTA a nivel nacional.

 

Desde el Partido Obrero y el FIT apoyamos a todos los trabajadores que luchan contra la miseria salarial y contra los despidos, en todo el movimiento obrero, en Córdoba y en el país. La Comisión contra los despidos y las suspensiones que integramos junto a delegados de UTA, el SUTNA, al activismo del SMATA, entre otros sectores, ya discutió una segunda movilización que terminará en un gran Festival en una de las esquinas más concurridas de la ciudad.

 

Todas nuestras fuerzas, así como nuestra campaña electoral, apuntan a fortalecer la lucha de los compañeros despedidos y suspendidos de Córdoba, por su reincorporación y por el triunfo de su lucha.