Nada está resuelto en Corrientes.

El pago del primer mes de deuda salarial generó irritación debido a los numerosos descuentos por créditos. El del segundo, a partir del lunes 27, hecho a cuentagotas por la obligación de presentar una declaración jurada, demoró el cobro más de dos días. Los contratados de la Municipalidad se movilizaron reiteradamente en rechazo al pago de un ‘adelanto’ de 50 pesos.

El centro de la tensión lo ocupa la inminencia de despidos masivos en las administraciones provincial y municipales, en la Legislatura y en el Poder Judicial. El martes 28 de diciembre, el personal de la Legislatura cortó la calle en rechazo al despido de los contratados. Todos los martes se realizan marchas por el esclarecimiento del asesinato de Gustavo, hijo del agrarista Eduardo Gómez, quien denunciara los negociados de ‘Tato’; también se reclama el castigo a los responsables de las muertes de los compañeros Ojeda y Escobar.

La Nación (31/12) informa del despido de 1.800 trabajadores de la Legislatura. Pero no se toca un peso a los latifundistas ni a los contratistas estafadores del Estado ni a los acreedores usurarios de la provincia.

El mismo destino aguarda a 4.200 municipales de Corrientes Capital (sobre una planta de 6.500). Se alega para esto que “la ‘Carta Orgánica’ establece un máximo del 1% de la población de la ciudad”. Preguntamos: ¿cuál es el porcentaje de desocupados que admite la ‘Carta Orgánica’? ¿Cuál es el límite de la explotación de los trabajadores rurales? ¿Qué receta tiene el Estado para que una familia viva con el salario de 175 pesos de un contratado municipal?

Las autoridades de la DPEC (electricidad) han anunciado el despido de 200 trabajadores, lo que, sumado a la imposición del pago de deudas (y el consiguiente corte de servicios a los que no cumplan), preanuncia la inminente privatización de la empresa.

Preparar el paro activo provincial

La tensión en la provincia y la creciente conciencia de la magnitud del ataque preanuncian una nueva etapa de lucha. La intervención, tirando piolines hacia los partidos -incluido el Panu- y hacia las conducciones sindicales, apunta a desgranar la resistencia. Todavía no han anunciado nada concreto para los docentes -el sector más aguerrido y organizado- pero es vox populi que preparan un ataque al Estatuto, con prolongación de la jornada y reducciones salariales y de personal. Mestre ha dicho que sobran 18.000 estatales y que hay que reducir los salarios.

La magnitud de las tareas que los trabajadores correntinos tienen por delante reclama una fuerte centralización, articulada democráticamente mediante la elección de delegados en todas las reparticiones, escuelas y barrios, estableciendo un pliego de reclamos y preparando un Congreso Provincial de Trabajadores que vote una salida a la crisis correntina. Tal Congreso debería constituirse como dirección de los explotados, la base de una alternativa política propia.

En Corrientes, tanto o más que en el resto del país, los explotados precisan un poderoso partido obrero.