La situación de persecución y violencia en el diario El Litoral (Corrientes) se ha acrecentado en los últimos días. Al silencio de la empresa para contestar las distintas demandas planteadas por las y los trabajadores que se han declarado hace meses en estado de asamblea permanente, alerta y movilización, por las pésimas condiciones laborales, se suma la gravedad de haber recibido, en la redacción, una irrupción policial por haber sido “notificados” de la realización de una asamblea. Los agentes tomaron fotos de la nómina del personal y preguntaron cuándo se realizaría la próxima asamblea.

La patronal viene de despedir ilegalmente a un delegado sindical -por cuya reinstalación la Justicia todavía no se expide- y que hace unos días ha desplazado al jefe de Redacción, modificando sus tareas y funciones como parte de su reestructuración precarizadora. A esto se suma un control interno que exige a los periodistas colocar sus iniciales en cada nota, sin respetar su autoría y la protección de sus fuentes y, peor aún, modificando títulos e información que luego se distribuyen en la web y en las redes sociales con datos no autorizados por el trabajador, que se ve expuesto a ataques personales cuando no es el verdadero responsable de la tergiversación de su nota.

Esta empresa, que no hace los aportes a la Anses, pero que recibió el beneficio del organismo; que es una de las grandes deudoras de la obra social poniendo en riesgo la salud de todos los afiliados; que incumple con los aportes patronales; que despide sin indemnizar; que encuadra al personal administrativo en una firma comercial; que no cumple con el convenio colectivo de trabajo y paga salarios por debajo del mínimo vital móvil; que no cumple con el protocolo sanitario por la pandemia, pretende impedir la organización de los trabajadores en su derecho a constituirse en asamblea para presentar los reclamos correspondientes. Todos estos atropellos no se explican sin la venia del Estado y sin la colaboración interna del personal jerárquico que hostiga constantemente.

Este gravísimo ataque a las y los trabajadores del diario El Litoral es una afrenta y amenaza para todos los trabajadores. Se da en un contexto general en que las patronales demandan rescate al Estado e impulsan flexibilización laboral, suspensiones, pago de haberes en cuotas y despidos, utilizando la pandemia de coronavirus como excusa, incluso, para tratar de impedir la organización y lucha por nuestros derechos.

Exigimos que se esclarezcan las responsabilidades de este avasallamiento a la labor periodística y a los derechos democráticos de todos los trabajadores. Llamamos a todas las organizaciones obreras a repudiarlo y expresar su solidaridad con las y los trabajadores del diario El Litoral de Corrientes y con todas las luchas de prensa que se están llevando adelante en el país.

Es necesario organizar un plan de lucha nacional para terminar con todos los atropellos que padecemos históricamente como trabajadores de prensa y que se vienen profundizando en los últimos años: impulsemos asambleas virtuales, petitorios, visibilización en las redes de nuestros reclamos para preparar una gran jornada unificada del 7 de junio, que pueda manifestarse en un paro nacional de la prensa del país. Por la vigencia irrestricta de nuestro Estatuto; defensa y aplicación efectiva de nuestros convenios colectivos de trabajo; cese de la violencia laboral, censura y persecución; por la inmediata reinstalación de nuestro compañero Diego Acevedo, delegado ilegalmente despedido. Ni un despido más. Basta de precarización. En defensa del derecho a la organización sindical en los lugares de trabajo.