El lunes 3 de febrero unos 100 trabajadores de las aplicaciones de reparto (PedidoYa, Rappi, Glovo, UberEats) se concentraron para realizar un corte de calle frente a la Municipalidad de La Plata, ante la creciente ola de robos y situaciones de violencia que afecta a los repartidores en la región.

La convocatoria fue preparada con una campaña de afiches y comunicados denunciando que en las últimas semanas decenas de compañeros fueron víctimas de asaltos y robos, quedándose sin su principal herramienta de trabajo que es la moto o la bici y sufriendo pérdidas importantes de dinero, de lo cual las empresas no se hacen cargo. “Nos están cazando” es la consigna que encabeza el reclamo, y que expresa el desamparo de los repartidores en las condiciones de total precarización laboral. La importante concentración demuestra el hartazgo por una situación que no es nueva, en años anteriores hubo varios compañeros baleados y apuñalados en distintos hechos.

La acción realizada deja una base muy interesante para una organización de los trabajadores de las apps. La convocatoria a asambleas, para debatir futuras acciones y cuáles son los reclamos que tenemos que exigir, es necesaria para dar nuevos pasos en ese camino y terminar con esta situación.

La puesta en pie de instancias de deliberación es fundamental, como se reveló en el propio corte. Un grupo de compañeros redactó un petitorio para presentarlo a las autoridades municipales, que no fue puesto a debate en ninguna reunión ni asamblea, y que contiene algunos puntos que merecen ser discutidos. Es que en aras de reclamar por mayor seguridad el texto termina solicitando un fortalecimiento del accionar represivo de la policía, como los controles por “las características sospechosas que la policía crea pertinentes”, y llega al extremo de plantear la necesidad de bajar la edad de imputabilidad.

El reclamo de terminar con la zona liberadas para el delito, que son organizadas por el propio aparato policial corrupto, no puede confundirse con justificar la criminalización de la juventud y de la pobreza. Es el control popular sobre el accionar policial lo que permitiría avanzar en desarmar las redes del crimen organizado, como la apertura de los libros de las comisarías y la supervisión de los vecinos sobre la cartera de Seguridad del municipio. Junto con ello, debemos reclamar que las empresas nos provean de un seguro de vida, de salud y que cubra los valores que nos sean sustraídos, empezando por nuestros vehículos.

Mención aparte merece Acri (Asociación Civil de Repartidores Independientes), que se ha constituido como un gremio de los repartidores en la región. Este grupo fue repudiado en el corte cuando llegó a intentar levantar la medida. Acri ya estaba desprestigiado por actuar a cuenta del intendente Julio Garro (Cambiemos), cobrando a los repartidores un seguro para gestionar el retiro de las motos cuando son retenidas. En las horas posteriores se filtraron audios de WhatsApp del presidente de esta asociación, en los que propone a la comisión directiva acordar con sus contactos de la Municipalidad para reprimir las concentraciones de repartidores y para utilizar los controles policiales para perseguirlos, en particular a los extranjeros.

Si bien el presidente fue desvinculado de la asociación luego de la filtración de los audios, es evidente que una real organización de los trabajadores solo puede progresar de manera independiente y partiendo de los propios repartidores, y no subordinada al gobierno municipal y el Estado. La importante acción realizada el lunes es un punto de partida para continuar organizándonos por nuestros reclamos. Vamos por una asamblea de repartidores para debatir los pasos a seguir.