A partir de la presentación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria en el Congreso han ido creciendo las voces desde diferentes sectores cuestionando su carácter regresivo, ya que va a reducir sistemáticamente el poder adquisitivo de los adultos mayores.

Hasta la CGT y la Catt “protestan”(tibia y pasivamente)

El tema ha involucrado incluso tibias protestas de las cúpulas sindicales, dirigidas directamente al presidente, mientras que un abanico de economistas y abogados previsionales han demostrado que la fórmula pautada con el FMI lejos de mejorar la situación de miseria previsional, avanzará profundizándola aún más.

La Confederación Argentina del Transporte (Catt) “manifestó este lunes sus críticas al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación para regresar a la fórmula de cálculo de jubilaciones del 2008, y consideraron que se instrumentará otra fórmula de ajuste” (El Parlamentario, 16/11).

La CGT y varios dirigentes de la central, como José Luis Lingeri, plantearon que se siga con la prohibición de despidos, la doble indemnización, el ATP y la IFE, y en el caso específico de la fórmula de movilidad “confesó que no participaron del cálculo de la fórmula, nos enteramos por los medios” (El Cronista, 15/11).

Economistas contra la fórmula AF

Dice Silvia Stang de La Nación: “si el año pasado se hubiera aplicado la fórmula que propone el gobierno de Fernández, los haberes habrían perdido más poder adquisitivo que el que perdieron con la modalidad de actualizaciones aprobada durante el macrismo” (13/11).

Lo fundamenta en que en 2019 la inflación a 53,8% y que de aplicarse la fórmula ahora propuesta del 50% por Ripte y 50% por recaudación, las jubilaciones hubieran perdido el 11 por ciento.

Algunos economistas estiman que los jubilados hubieran perdido aún más (porque los aumentos habrían sido semestrales en lugar de trimestrales como se aplicaba con la anterior fórmula). Así, para Sergio Rottenschweiler (Universidad de General Sarmiento), la suba de haberes hubiera sido de 34,5%, 16,6% menos que la fórmula suspendida de 70% inflación 30% Ripte.

Para el Instituto Ieral, un análisis de la fórmula propuesta permite concluir que en períodos recesivos y con alta inflación se generarán importantes pérdidas de poder adquisitivo. En 2019 el reajuste de haberes habría sido de 37%, es decir 14,1% menos que lo que recibieron efectivamente (La Nación, 13/11).

Por su parte, Miguel Boggiano en Ámbito (17/11) plantea que “el gobierno está rifando los ahorros de los jubilados para evitar que, momentáneamente, el dólar se escape. Están malvendiendo bonos en dólares para pasar a bonos en pesos. Están pesificando a los jubilados. No va a haber dinero para pagarles a los jubilados”.

Claro que la anterior no era una panacea. No solo los haberes perdieron –y mucho- frente a la inflación, sino que los aumentos eran diferidos un semestre, durante el cual los jubilados perdían poder adquisitivo especialmente cuando los aumentos de precios alcanzaban porcentajes brutales como en los dos años pasados.

La CTA con el gobierno y con el FMI

La CTA, por boca de Yasky, ha salido a respaldar la presentación del gobierno de Alberto Fernández, con el argumento de “su confianza de que en breve se producirá una actualización extraordinaria para los ingresos más bajos del sector pasivo” (Minuto de cierre, 16/11).

Yasky no se tomó el trabajo de denunciar la desvalorización jubilatoria durante este año en que rigió la suspensión de la movilidad, ni la miseria de la jubilación mínima que cobran la mayoría de los jubilados, ni la discriminación en los aumento para los que superan la mínima.

Tampoco cuestionó la política de vaciamiento de la Anses y de las cajas por parte de un gobierno que usa los fondos jubilatorios para subsidiar al capital, que coloca en el mercado los bonos previsionales en dólares para frenar la corrida cambiaria, que enajena y pasa al Ministerio de Economía el FGS, ni que la nueva fórmula despegada de la inflación, aumenta cada vez más la diferencia entre la jubilación y los sueldos en actividad, es decir que marcha firme a la abolición de la jubilación como salario diferido, acicateada por la eximición de aportes patronales resuelta en medio de la pandemia.

La nueva fórmula de saqueo viene para llevar las jubilaciones a un bono asistencial, mientras el gobierno usufructúa los fondos de  la Anses para pagar los compromisos de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas.

No queda otra que ganar las calles y el paro general

Las organizaciones de jubilados vienen desarrollando un plan de lucha con Jornadas nacionales: caravanas, marchas, actos, radios abiertas.

Las nuevas jornadas de lucha del 18 en Congreso y las medidas nacionales el 26 y el 11 de diciembre, más la determinación de marchar hacia el Congreso el día que se trate la fórmula confiscatoria, son un llamado a la intervención de los trabajadores activos, que vienen apoyando desde los sindicatos, comisiones internas, agrupaciones combativas y desde el PSC que toma los reclamos previsionales.

Está planteada una lucha de conjunto, de los trabajadores activos con los jubilados para derrotar la fórmula del gobierno y el FMI, para imponer la movilidad automática en base a la variación de la inflación y de los sueldos, tomando la mejor, la recomposición previsional llevando la mínima a $49.614, el 82% móvil, la restitución de los aportes patronales y de todos los fondos previsionales tomados por el gobierno y por la dirección electa por trabajadores activos y jubilados de la Anses, de las cajas y las obras sociales. Que la CGT rompa con el gobierno y convoque al paro general, con asambleas en todos los sindicatos.