En estos momentos se desenvuelve una crisis en el Puerto de Buenos Aires luego de corroborar que un trabajador de la operadora Bactssa (terminal 5) contrajo Covid-19 y otros tantos se encuentran sospechados de ser portadores del virus. Esta situación sanitaria es el resultado de los endebles protocolos patronales, que no solo se implementaron tardíamente y bajo la presión de los trabajadores, sino que ocultan que en el puerto el contacto entre trabajadores es permanente.

Algunos de los trabajadores del puerto habitan en la cercana Villa 31, que en estos momentos se ha convertido en un foco de propagación del coronavirus bajo la responsabilidad del gobierno nacional y el de la Ciudad. Lo mismo ocurre con otro trabajador que podría haber adquirido el virus al exponerse a un familiar cercano que dio positivo recientemente: este, sin advertirlo, podría haber contagiado a decenas de compañeros.

La circulación social del virus hace que las fuentes de contagio sean múltiples, razón por lo cual los lugares de trabajo deben implementar todas las medidas para evitar el contacto entre los trabajadores. Sin embargo, en el Puerto de Buenos Aires esto no sucede. Solo tras una acción de los trabajadores las empresas accedieron a implementar protocolos propios que evitaban el contacto de los trabajadores portuarios con la tripulación de las navieras. Sin embargo, funcionan normalmente los lugares de uso común, como vestuarios y descansos, así como la flexibilización de las medidas sanitarias.

Incluso estos protocolos son vulnerados, como fue el caso del arribo del buque carguero brasilero Jatobá, que operó a principios de mayo en la operadora TRP (terminales 1, 2 y 3), y donde 14 de sus 21 tripulantes resultaron estar infectados. Esto llevó a cuatro casos de aislamiento en el puerto.

La modalidad que implementan las empresas es aislar a los posibles contagios sin realizar los testeos correspondientes ni notificar al conjunto de los trabajadores del estado real de situación. Así, los trabajadores solo se informan a través de los medios de comunicación. El secretismo de las empresas, y el Estado, busca resguardar la continuidad de la actividad portuaria a toda costa, la cual en tiempos de pandemia parece haber repuntado como nunca.

Bajo esta lógica, algunos sectores que responden directamente a las patronales están montando una campaña contra los trabajadores, quienes en su afán de discutir estos asuntos y sus reivindicaciones pudieron quedar expuestos al contagio por el contacto de otros compañeros. Se trata de una razonamiento infame ya que los trabajadores desconocen la evolución de los casos por las misma prácticas implementadas por las patronales.

El propio gerente general de la Administración General de Puertos, José Beni, estuvo hace pocos días en el puerto “celebrando” la prórroga de las concesiones portuarias por dos años, en una actividad donde, a la vista, se vulneraron varias recomendaciones sanitarias.

La responsabilidad de esta crisis le cabe directamente a las operadoras portuarias y al Estado, que se niegan a implementar medidas sanitarias integrales en el puerto. Ante la grave situación actual se impone la necesidad de realizar testeos masivos en todo el Puerto de Buenos Aires, para todo el personal y que se de publicidad a los resultados obtenidos. Esto debe realizarse acompañado con la conformación de un comité sanitario de los trabajadores portuarios que controle los operativos y las medidas a implementar.