La burocracia del sindicato de la Alimentación está cumpliendo el limitado plan de lucha aprobado en el Congreso de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (19/4). En este Congreso se expresó una crisis entre Daer (que dirige el sindicato de Capital y parte del conurbano, STIA) y el resto de la burocracia (Morán, titular del sindicato de la provincia y Morcillo, de Córdoba). El bloque animado por el sindicato de Córdoba hizo aprobar el plan de bloqueos y un objetivo de 30% de aumento.

 

Cuarenta y ocho horas después del Congreso, Daer, en un congreso de internas y congresales armado de urgencia, hizo votar el rechazo a este limitado plan de lucha y volvió a defender su política de cerrar por el 19% escalonado.

 

En esta deliberación, las internas de Terrabusi y Stani defendieron el planteo de un mínimo de 1.850 pesos y un plan de lucha y recibieron el respaldo de una minoría de delegados y congresales. En la movilización del pasado 4 de abril, que reunió más de 3.000 trabajadores de la alimentación que marcharon desde el Obelisco al Ministerio de Trabajo, los activistas de la oposición (Terrabusi, Stani, Pepsico, Lista Celeste y Blanca) llevaron pancartas planteando 1.850 pesos de mínimo.

 

Existe un proceso de recomposición obrera. Se expresó en la victoria de la lista opositora y antiburocrática en Stani y en la deliberación que llevó a la elaboración de un pliego de reclamos en Terrabusi-Kraft. El grueso de los trabajadores de la alimentación cobra 1.200 pesos de bolsillo.

 

“No todos son Cadbury o Terrabusi”

 

Daer plantea que un reclamo salarial elevado llevaría a la quiebra a numerosas empresas. “No todas las empresas son Cadbury-Stani o Terrabussi-Kraft”, sostuvo. “Dejemos que eso lo expliquen, si pueden, las patronales, no es tarea del sindicato hablar por ellas”, le respondió uno de los delegados en el congreso de emergencia llamado por el STIA.

 

Frente a las preguntas de los trabajadores de la alimentación, acerca de que otros gremios han arrancado mínimos equivalentes al costo de la canasta familiar, Daer invoca la existencia de una “oligarquía sindical” en torno a los gremios del transporte, sostenida por los fondos públicos. Pero el grueso de la producción alimenticia está en manos de grupos económicos multinacionales que, en muchos casos (Arcor es sólo uno de ellos) operan en todo Latinoamérica y exportan gran parte de su producción. Si alguna empresa se declarara incapaz de pagar los 600 dólares que suponen los 1.850 de mínimo, que lo demuestre abriendo sus libros a un comité electo por los trabajadores.