01/09/2011 | 1192

Dedocracia cristinista 

En el salario mínimo

Piumatto fatigó la red de Twitter con la gran batalla que libraría la CGT por el salario mínimo. Los medios anunciaron una «gran tensión» entre la CGT y el gobierno a raíz de la reunión del Consejo del Salario y agregaban la sumatoria de todo un pliego obrero: el mínimo de 2.600 pesos, la suba del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias en el salario, la eliminación o actualización de la tabla de cobro del salario familiar, incluso se agregó al final la actualización del absurdo Fondo de Desempleo para despedidos, hoy en 400 pesos. Yasky, legalizado alevosamente como «segunda central», elevó lo suyo a 2.750 pesos, para aparecer como el sindicalista «combativo» de la discusión.

Pero todo se desinfló en veinticuatro horas. Se aprobó el «plan B» de la UIA, que eran los 2.300 pesos, por lo cual Mendiguren ha salido a rescatar «la racionalidad de lo resuelto». Alguna otra cuestión, como el mínimo no imponible o la tabla de salarios, quedó para tratarse después, en comisión, a lo Perón (cuando no quería lola).

El secreto de todo fue que la negociación se la cargó directamente al hombro la Presidenta, quien -tras su 50% electoral- arbitró desde Olivos y ofreció a Moyano y Yasky la foto tan deseada y eludida en los últimos tiempos. En la foto también fue incluido Caló, aunque el adjunto de la CGT es Belén. O sea que el dedo presidencial alcanzó incluso para marcar la cancha de la posible sucesión que se discute en la central obrera.

La situación marca dos cosas. Primero, la burocracia sindical no está en condiciones, ni en posición, de pelear nada más que su propio rescate. Segundo, la Presidenta apuntó a desinflar toda perspectiva de aumento del salario real, abriendo una etapa de extensión de la dedocracia política al terreno de las discusiones convencionales y salariales -ello, de cara al agravamiento de la crisis capitalista, por un lado, y para conjurar las tendencias a la reapertura de las paritarias como consecuencia del incremento inflacionario, por el otro.

El primer arbitraje presidencial después de agosto no le es favorable en absoluto al movimiento obrero.

El kirchnerismo bate el parche de que es el salario mínimo más alto en dólares de América Latina. Pero el nuevo salario mínimo está colocado en la «línea de pobreza» de Argentina, que es lo que realmente importa.

Aún así, lo fundamental es que sólo el 43% de la población activa laboral está en blanco. Para el otro 57%, este mínimo es un techo, no un mínimo. Semejante deformación es el resultado de la colosal precarización laboral. Un estudio de SEL Consultora (empresarial) determinó que «la segunda causa de conflicto laboral, detrás de los reclamos salariales, es la de los encuadramientos y los tercerizados, muchas veces ligados a conflictos entre o dentro de los sindicatos».

Cuando el Frente de Izquierda plantea el salario equivalente a la canasta familiar y, por otro lado, el fin de la tercerización y precarización -”¿quién nos va a defender?, ¿quién?”- está colocando dos cuestiones enlazadas fuertemente y que son la clave del cuadro del movimiento obrero y de la entrega de la burocracia sindical.

El nuevo mínimo no toca, estudiadamente, ningún piso convencional, de manera que sólo abarca un radio restringido del trabajador en blanco, en condición de «fuera de convenio». Contra una inflación en alimentos del 30% y no menor en alquileres, el nuevo salario mínimo no es ni vital ni móvil -es decir que la presidenta ha arbitrado contra un derecho social y constitucional.

La cuestión debe ser objeto de debate en el seno de los sindicatos. ¿Quién mandató a Moyano y a Yasky para ser de muñecos de torta ante el arbitraje presidencial? ¿Quién aceptó este Consejo del Salario de mayoría patronal estatal?

El Partido Obrero cuestiona la integración por parte de las centrales obreras de un organismo de cuño menemista -fue creado en los ’90- de mayoría patronal estatal. Pero la burocracia de la CGT y de la CTA Yasky se ha privado, incluso, del derecho de votar en contra, para dejar establecido un programa determinado de reclamos a ser llevados adelante por el movimiento obrero organizado. Renuncian a hacerlo de antemano al aceptar al arbitraje presidencial.

Por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. Por el fin de la tercerización y el trabajo en negro. Por asambleas en todos los gremios que mandaten la reapertura de paritarias en función de un mínimo establecido por los trabajadores, la actualización de los convenios y el fin de la tercerización y el trabajo contratado.

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