La Cámara de Diputados anuló del Presupuesto Nacional del 2001 el artículo 58, que ordenaba al Estado ejecutar un nuevo achique en el sector público con una baja en el gasto, la supresión y fusión de organismos y la revisión de los convenios colectivos de los empleados públicos. La norma incluía al Parlamento, Poder Judicial, Afip, Anses y Pami (Clarín, 1/12).

Esta votación (junto a la eliminación del Pami del Presupuesto Nacional) dio lugar a que un conjunto de direcciones sindicales de los organismos más amenazados por el recorte: (Afip, Anses y Pami), levantaron los planes de lucha que estaban en curso hasta la semana pasada.

La visión de Machinea no es la misma: “lamentó la decisión adoptada por Diputados … pero aclaró que el gobierno igualmente podía encarar ese proceso porque tiene los instrumentos necesarios para hacerlo” (La Razón, 1/12). Lo mismo opinó el vicejefe de Gabinete, Marcos Makon. La legislación de reforma del Estado y las leyes de empleo público, nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, contemplan todo tipo de cierres, tercerizaciones y despidos.

Por eso es fundamental no caer en la ilusión de que con la derogación del artículo 58 la batalla está ganada. Los planes de lucha de los organismos estatales, lejos de suspenderse, deben ser reforzados y unificados, para impedir cualquier despido o retiro voluntario, y las tercerizaciones-privatizaciones en marcha (Afip, etc.) e imponer la efectivización de los contratados, la restitución de los salarios rebajados y la derogación de la legislación de ajuste del Estado.

Muy diferente de la postura de la diputada moyanista Alicia Castro, cabeza de la resistencia parlamentaria al artículo 58, quien le dio una interpretación político-electoral a la derogación: “Si hay ajuste, que toda la culpa la cargue el gobierno”.