Luego de ocho meses de huelga en reclamo del pago de salarios,  que ya acumula cuatro meses de atraso, los trabajadores forzaron al intendente Montoya (PRS) a aceptar el control sindical (UTM)  de las finanzas del municipio, y la asignación del 80% de sus ingresos al pago de las deudas salariales.

El acuerdo fue aprobado en una asamblea general de 1.000 trabajadores, aunque una moción que reunió 100 votos reclamó el mantenimiento de los paros y las movilizaciones, desconfiando de que el control fuera suficiente para cobrar las deudas.

A partir del control, los trabajadores pudieron rápidamente cobrar julio y parte de agosto, pero el municipio sólo está recaudando 50.000 pesos diarios, lo que plantea llevar el control obrero a todas las contratistas y empresas de la ciudad y a las grandes empresas, ingenios y latifundios de la provincia. El sindicato se ha visto obligado a vetar a funcionarios designados por Montoya, a renunciar y a designar a otros, sin ningún decreto que los avale. “Pareciera que la Municipalidad está tomada. Uno les pide respuesta a los funcionarios y no te la dan porque dicen que hay que hablar con el sindicato” (El Tribuno, 4/11).

Esto decía un concejal justicialista que quería saber cuándo iban a cobrar los empleados de su bloque. Montoya se ha quedado sin gabinete, y los proveedores negocian directamente con el sindicato. Todo esto ha llevado a El Tribuno a preguntarse: “¿Quién tiene el poder ahora en el municipio? Montoya seguramente no” (9/11).

En realidad, Montoya firmó el acuerdo con la UTM, para llegar de algún modo al 10 de diciembre, fecha del recambio gubernamental.Tanto Romero (gobernador  electo), como Villamayor (el nuevo intendente), ya han declarado que las deudas salariales no les corresponden a ellos.

Es necesario que los trabajadores vayan más lejos e impongan la apertura de las cuentas del municipio, que se investiguen todos los contratos (de obras y recolección), donde muchos trabajadores han denunciado sobreprecios y coimas, como asimismo quiénes son los grandes deudores del municipio, porque sólo así se podrán disponer medidas efectivas ejecutadas por los propios trabajadores para recuperar los fondos, que hoy son una cuestión de vida o muerte para los trabajadores.