A partir del 1º de enero, el intendente de Florencio Varela dejó cesantes a más de 250 trabajadores sociales, la mayoría de los cuales trabajaba en los barrios periféricos y miserables de Varela. Como de costumbre, los eufemismos y disfraces verbales no estuvieron ausentes por parte del intendente Julio Pereyra, quien afirmó que se trataba de una no renovación de contratos y no de despidos.

Como se trataba de despidos, para cubrir estas vacantes, Julio Pereyra reclamó la colaboración del obispado de Quilmes, que en la persona de su más alto representante, Novak, respondió afirmativamente, colocando a la fundación que lleva su nombre y a diáconos y laicos de la Iglesia a dirigir la subsecretaría de Promoción Social del municipio varelense. Aunque Novak se haya apresurado a aclarar que no es su intención participar en política, es inocultable que lo hará. Lo concreto es que ha colaborado en las cesantías de decenas de trabajadores. Asimismo, siendo Varela una de las zonas más golpeadas del conurbano, el papel de la iglesia tendrá un carácter preventivo, en el sentido de que intentará desviar o frenar las expresiones de rebelión popular que tendrán lugar más temprano que tarde. La tarea del obispado será realizada sin cobrar un peso, porque el precio obtenido por semejante mercancía es invalorable: su tarea será “canalizar”, o más, esterilizar la protesta de los trabajadores y los oprimidos. Hay que agregar sin embargo que la iglesia católica está subsidiada por el Estado y es una evasora legal de impuestos, y que esa evasión llega a la friolera de 7 millones de pesos anuales; con que se le dé a Novak la parte proporcional de esta prebenda estatal, está lo suficientemente pago.