Los trabajadores del diario Crítica llevan cinco meses de lucha por la continuidad de sus fuentes de trabajo y mantienen ocupada la sede del diario, cuyos propietarios -el vaciador de Aerolíneas, Antonio Mata, y el empresario filo K, Marcelo Figueiras- mandaron a la quiebra.

El gobierno ha tenido durante estos meses una política de desgaste del conflicto y de desmoralización de los trabajadores. Con el mismo libreto que en Mahle y Paraná Metal, un empresario “amigo” (Olmos, actual dueño de Crónica) negoció durante semanas con los delegados la supuesta reapertura del matutino, a la que daba “como un hecho”, y luego desistió abruptamente, dando un fuerte golpe a los compañeros de Crítica.

Hace quince días, con un acampe instalado en la puerta del Ministerio de Trabajo, Carlos Tomada se comprometió a que los que no fueran absorbidos por medios privados K, serían incorporados a dependencias del Estado (oficinas de prensa y/o medios periodísticos estatales). Dos semanas después, la única “propuesta” concreta fue la incorporación de dos compañeras -una embarazada y la otra con un bebé recién nacido- a dependencias del Ministerio de Trabajo y la promesa de llevar “más propuestas” a una próxima reunión que se realizaría esta semana.

La otra pata del desgaste es la del ahogo económico. La pelea de los compañeros (que tuvo importante despliegue en los medios) para que el gobierno nacional y otros provinciales abonaran las deudas que tenían con el diario por publicidad y para que de allí el juzgado de la quiebra pagara una parte de los salarios adeudados, obligó a Aníbal Fernández a anunciar la entrega de la mitad de ese dinero. Pero una vez depositado en el juzgado, el banquero K dueño del Macro pidió que no se toque esa plata porque “el banco tiene prioridad de cobro”.

Mas allá del tradicional “respirador artificial” de los Repros -que aquí entregó a cuentagotas- a los que el Ministerio de Trabajo apela mientras los conflictos se desangran, el gobierno no se hace cargo de algo más de 100 trabajadores mientras subsidia agroexportadoras, a las multinacionales del petróleo y a los pulpos empresariales del transporte.

En una asamblea realizada el jueves pasado, los trabajadores del diario decidieron convocar para el lunes 13 una movilización al juzgado de la quiebra, para que se habilite el pago de salarios, y realizar una concentración en la puerta del Ministerio de Trabajo el día que se realice la próxima reunión, para que se garantice el trabajo a todos los compañeros.

La demagogia gubernamental, con los beneficios derivados de la Ley de Medios y la apertura de fuentes de trabajo con nuevos medios de prensa, termina aquí con una eventual “mediación” ante otras patronales K y algunos ingresos del Estado en cuentagotas para tratar de desmantelar el conflicto. Es necesario reclamar al Estado puestos de trabajo para todos los trabajadores, que se pague la deuda que se tiene en materia salarial con los trabajadores, incluidas las indemnizaciones correspondientes (porque se va a un nuevo trabajo). Y el reconocimiento de todos los derechos adquiridos con la organización gremial de Crítica y la garantía escrita de estabilidad laboral.