El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, a través de su secretario general, Guillermo Pereyra, confirmó que siguen en pie los 700 telegramas de despidos y las 1.200 suspensiones en la industria energética de la región. Las empresas y operadoras han informado, en el marco de la conciliación voluntaria, su decisión de avanzar en las desvinculaciones, hecho que ha puesto en alerta a todo el gremio. Desde la dirección del sindicato informaron que realizarán asambleas en base de empresas y yacimientos, culminando en una asamblea general el próximo 23 de enero en la ciudad de Neuquén. En la misma, según Pereyra, podrían participar 20.000 trabajadores.

Vale recordar que los 700 despidos fueron ejecutados el 25 de noviembre por las empresas San Antonio y Schlumberger, pero el 28 de noviembre una conciliación obligatoria emanada por la Secretaría de Trabajo dejó los mismos en un impasse. Luego, una vez asumido el gobierno de Fernández, las empresas y el sindicato firmaron una conciliación voluntaria que vence este 28 de enero.

Los casi 2.000 despidos en puerta (700 telegramas y 1.200 suspensiones) no serán los únicos. Es que numerosas empresas, como Halliburton, Calfrac, DLS, están “ofreciendo retiros voluntarios” -es decir, despidos encubiertos. Trabajadores que prestaban tareas en Petrogás de Cutral Có han emitido un comunicado denunciando que peligran 300 puestos de trabajo, ya que la nueva empresa que ganó la concesión (Astra Evangelista) no ha dado garantías de que se mantengan los puestos de trabajo.

El argumento empresarial para los despidos es el parate de Vaca Muerta con caída de 17 equipos de perforaciones y la baja del número de fracturas.

Estamos en las puertas de una nueva masacre laboral. Las razones de fondo de las empresas es presionar para obtener mayores concesiones, jugando un papel central la libertad total de girar dividendos. Es decir, legalizar para el sector una descomunal fuga de capitales. A las patronales no les alcanzó el haber obtenido una adenda que flexibilizó las condiciones de trabajo, la dolarización de las tarifas y un barril criollo sostenido con siderales subsidios.

El nuevo gobierno de Fernández debutó con una rebaja de las retenciones. Pero las empresas van por más, pretendiendo un esquema laboral donde rijan los acuerdos por empresas y la libre disponibilidad.

Ante esta situación, es criminal para el futuro laboral dejar la lucha contra los despidos en manos de la dirección del sindicato. No se le puede otorgar un cheque en blanco. Es que fue el propio Pereyra quien entregó la lucha en 2016, aceptó las constantes paritarias a la baja y fue cómplice de la adenda antiobrera. El Partido Obrero y la agrupación Obreros del Petróleo intervienen con un claro programa: abajo los despidos y suspensiones. Anulación de la adenda flexibilizadora, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, apertura de los libros de las empresas y nacionalización de la industria energética bajo control de los trabajadores. Desarrollemos el paro general petrolero. Que la crisis la paguen las petroleras y no los obreros petroleros.