28/06/2017

[DOSSIER] Un crimen de Estado contra los trabajadores pesqueros

Sobre el naufragio del “Repunte”.
Por Lucas D.


A 10 días del naufragio del “Repunte”, una embarcación pesquera de 32 metros de eslora de la empresa Ostramar S.A. propiedad de Luis Caputo, la Prefectura sigue buscando a siete de los doce tripulantes que habían abordado el barco en las costas de Rawson (dos de ellos fueron rescatados con vida y otros tres fallecieron).


 


La reacción obrera no se hizo esperar: durante la mañana del martes 20 se produjo una enorme respuesta popular exigiendo justicia y la aparición de los cuerpos de los trabajadores. Los familiares de los pescadores, junto con trabajadores, se congregaron en la sede de la Prefectura tanto en Mar del Plata como en Puerto Madryn. La exigencia común fue que la Prefectura no abandone la búsqueda de los cuerpos y “que las autoridades políticas y el empresario Luis Caputo den la cara”. La movilización popular y los enfrentamientos con la Prefectura lograron arrancar al sindicato el cumplimiento efectivo de un paro por 72 horas –un hecho histórico.


 


El hundimiento del “Repunte” no es un rayo en el cielo sereno. En los últimos 16 años se produjeron en el país 41 naufragios que dejaron un saldo de 86 tripulantes víctimas fatales. Según estadísticas del Centro Naval, la industria pesquera logró ocupar el primer puesto internacional (¡!) en accidentes entre 1970 y 2000.


 


El gobierno del intendente Carlos Arroyo (Cambiemos) se limitó a otorgar 3 días de luto, una echada de lastre que intenta apaciguar el malestar popular, cuando es él mismo -junto con el Concejo Deliberante- el que permite la precarización de los trabajadores pesqueros. La burocracia sindical del Somu (Sindicato de Obreros Marítimos) actuó como barrera de contención al reclamo popular en el momento en que los trabajadores exigieron, durante la protesta, que no salgan las embarcaciones durante los días de duelo.


 


Precarización, inseguridad y fuga de capitales


 


Caputo es un pulpo capitalista de la pesca, poseedor de varias embarcaciones y de cooperativas truchas fileteadoras donde utiliza mano de obra precarizada a través de los Repros. Caputo y otros empresarios mantuvieron la mayoría de sus flotas paradas entre 2013 y 2016 para reconvertir los buques pesqueros de merluza a buques “tangoneros” pesqueros de langostinos, ya que la “fiebre del oro rojo” llevó a la mayoría de los empresarios a lucrar con este recurso natural -debido a que la tonelada de langostino quintuplica en precio a la tonelada de merluza.


 


La adaptación de los barcos a este nuevo negocio produjo varios hundimientos, ya que al incorporar nuevos elementos de izaje y al aumentar el tonelaje de pesca las embarcaciones modificaron su línea de flotación.


 


A su turno, en el 2016 las oficinas de Caputo fueron allanadas por contrabando y evasión fiscal.


 


La burocracia sindical, mascarón de proa de las patronales


 


En estos días se dieron a conocer reuniones en las que el Simape (Sindicato Marítimo de Pescadores), intercedió a favor de Caputo frente a las autoridades del Consejo Federal de Pesca, para la aprobación de los permisos por inactividad del “Repunte”. Con la excusa de que los trabajadores no perdieran su trabajo mediante la rescisión de los permisos de pesca por parte del gobierno, la burocracia actuaba como un empresario más. A cambio, el Simape “conseguía” la suma de $10.000 para los trabajadores cuyas embarcaciones estuviesen paradas (del salario mínimo-garantía horaria igual al costo de la canasta familiar, ni hablar).


 


Los gobiernos, garantes de las ganancias capitalistas


 


La Subsecretaría Nacional de Pesca, a través del Consejo Federal Pesquero, otorga en forma sistemática las justificaciones por inactividad; los capitalistas se valen de este recurso para mantener su flota parada (por supuestas reparaciones) y así no perder los permisos de pesca. En el caso particular del “Repunte”, el barco estuvo inactivo por tres años y el 15 de diciembre de 2016 el Consejo le otorgó la justificación de inactividad, cuando el propietario de la embarcación todavía no había terminado la revisión ni había renovado los certificados de la Prefectura.


 


Las inspecciones del Ministerio de Trabajo en las plantas procesadoras pesqueras se limitan a cobrarles a las patronales $1000 por cada trabajador en negro que encuentran –más que multa, se trata de una coima.


 


Una salida para los trabajadores


 


La masacre de los obreros marítimos, como así también la depredación de los recursos naturales, se viene llevando adelante bajo los distintos gobiernos nacionales y sus representantes locales (Pulti y Arroyo).  Son estos los que garantizan, en mar y tierra, la superexplotación a través de las cooperativas y las exenciones impositivas en la industria del pecado.


 


Planteamos la inmediata atención psicológica y económica a los familiares de los trabajadores ahogados y desaparecidos, y el juicio y castigo a Luis Caputo y a los responsables de todos los organismos provinciales y nacionales, el Consejo Federal Pesquero y a la Prefectura Naval, que habilitan la salida de los barcos de los puertos.


 


Una comisión de seguridad e higiene electa en asambleas de pescadores debe ser quien decida la salida o no de los buques desde los puertos.


 


Apertura inmediata de los libros de la Prefectura, bajo control de los trabajadores. Nacionalización de la industria pesquera, de los puertos y del comercio exterior bajo el control de los trabajadores.


 


¡Ninguna confianza en las promesas de Vidal, Arroyo y la falsa oposición patronal! Hay que redoblar la movilización independiente para llevar al banquillo de los acusados a todos los responsables.


 


 


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