Bajo el eufemismo de “alcanzar la dotación óptima de personal”, el gobierno anunció una nueva tanda de despidos masivos en el Estado. Andrés Ibarra -ex gerente de las empresas de Macri- mintió groseramente hace tan sólo cuatro meses al afirmar que “se terminaron los despidos”.

 

El ataque a los trabajadores no se limita al “análisis” de al menos 114 mil contratos. En los documentos filtrados se adelanta una ofensiva integral, que apunta a reestructurar las relaciones entre los empleados y la patronal. Así, se plantea avanzar en jubilaciones compulsivas, retiros “voluntarios” y la libre disponibilidad del personal, que sería pasible de traslados según arbitrio de los funcionarios y jefes asociados. De este modo, la patronal estatal pretende instaurar definitivamente un derecho de persecución gremial que hoy ejerce mediante sumarios, como el ejecutado a los compañeros de Hacienda.

 

Vale destacar que ninguna de estas medidas tiene que ver con “ordenar las cuentas”; el déficit estatal se ha multiplicado bajo la gestión macrista a partir de las monumentales transferencias de recursos al gran capital, quita de retenciones y pago a los buitres mediante. La sola idea de que hay funciones “sobredimensionadas”, cuando la salud y la educación públicas se caen a pedazos, es una mentira interesada.

 

En realidad, el ajuste sobre los estatales es la punta de lanza de una tentativa de golpear decisivamente a la clase obrera. En este marco, aceptar acríticamente la consigna sobre una “tercera reforma del Estado”, como proclaman las burocracias de ATE, conduce a equívocos. En este “relato”, habría un salto directo del menemismo al macrismo, sin importar el “intermedio”. Pero durante doce años los K no sólo gobernaron manteniendo los cimientos generales del régimen menemista (subsidios a privatizadas, concesiones petroleras, descentralización de salud y educación), sino que, en el terreno específico del empleo público, montaron un edificio de precariedad laboral como nunca antes en la historia. Esa maraña de contratos y fraudes fue el pavimento ideal para esta nueva ofensiva macrista.

 

Semejante cuadro amerita una respuesta a fondo de los trabajadores. Sin embargo, la dirección de nuestros sindicatos forma parte del problema. UPCN, por caso, está comprometida hasta el tuétano con el ajuste macrista: colaboró con los despidos, y Andrés Rodríguez forma parte de la “nueva” CGT que pactó a cambio del dinero de obras sociales. ATE dice rechazar los despidos, pero no organiza ningún plan de lucha para ganar, persistiendo en medidas aisladas. A la vez, la dirección verde nacional se ausentó de la Marcha Federal sin planteo político alguno, mientras los verdes-blancos (seccional Capital) copian su inacción y proponen a los trabajadores encolumnarse detrás de Boudou o Tomada, el ministro del trabajo en negro y los contratos precarios en el Estado. Han llegado al extremo de organizar un acto en el sindicato con CFK, la responsable política de que nuestros trabajos pendan de un hilo, mientras las gobernadoras que designó (Rosana Bertone en Tierra del Fuego y Alicia Kirchner en Santa Cruz) despiden y apalean estatales en sus provincias.

 

En contraposición con esta orientación que lleva a la derrota, Tribuna Estatal pelea por un congreso de bases que organice la lucha contra el ajuste de Macri y los gobernadores. Hacemos propio el ejemplo de ATE Mendoza, que desarrolla esa orientación, y proponemos valernos del paro del próximo 29 para lograr una confluencia de todos los trabajadores del Estado, y visibilizar la pelea por una nueva dirección en columnas independientes.