Millares de familias bonaerenses seguramente no durmieron tranquilas cuando tomó estado público la noticia de que se cancelaba la cobertura a los afiliados del IOMA (obra médico-asistencial de la provincia). Se trata de la obra social más importante de la provincia y abarca ni más ni menos que al 1.000.000 de empleados provinciales (docentes, trabajadores de la administración central y de centenares de reparticiones).

Salió a luz esta última semana la deuda que IOMA tiene con sus prestadores. Sólo la agremiación médica platense reclama 4,5 millones por los últimos 3 meses y las clínicas privadas —por intermedio de FECLIBA, Federación de clínicas que las agrupa— 20 millones.

Crónica de un vaciamiento anunciado

IOMA maneja uno de los presupuestos más importantes de la provincia y su manejo es un coto cerrado del Poder ejecutivo provincial. Por sus arcas ingresan anualmente unos 360 millones de pesos.

Los empleados públicos, por otra parte, aportan más que cualquier otro gremio. En lugar de fijarse, como prevé la norma general, 3% de descuento al trabajador y 6% de aporte patronal, en el caso de IOMA el aporte es soportado por partes iguales (4,5% cada uno). Es decir, el Estado se ahorra de poner mensualmente 4,5 millones de pesos, lo cual fue justificado en su momento para hacer viable el servicio y cerrar las cuentas provinciales.

Con el tiempo esto no fue suficiente y el siguiente paso fue “arancelizar” las prestaciones. Duhalde, en ese camino, procedió a actualizar en 1993 el valor de los bonos por presentaciones —¿y la estabilidad cavalliana?—. Este aumento de tarifas fue la consecuencia de la renegociación de los contratos, por la cual se le reconocía  a los prestadores de entrada un cannon básico por afiliado, una suerte de capitación, a lo que se agregaba después el pago complementario por la prestación efectiva del servicio.

Como sucede en estos casos, ya han empezado a aparecer denuncias — inclusive de esferas oficiales— acerca de “sobrefacturaciones”,  y pronto saldrán a la superficie “los retornos”.

Duhalde-Medicar

Mientras se niegan fondos públicos a IOMA, Duhalde ha establecido un nuevo régimen de “control de ausentismo” que consiste en el contrato de clínicas privadas con un gasto mensual que asciende a 1.200.000 pesos y que representa una suma parecida a la que cobra IOMA (por la mera tarea de certificar una ausencia, es decir, no incluye, a diferencia de IOMA, diagnóstico ni tratamiento médico).

Lo del “control del ausentismo”  es apenas la punta del iceberg. Un mercado de millones de potenciales usuarios y encima cautivo, es un bocado demasiado tentador. Como ya ocurrió con las empresas que luego fueron privatizadas, el gobierno provincial ha sometido a IOMA a un proceso de demolición para luego acelerar su entrega. El próximo paso será, en nombre del estado de falencia, justificar una  disminución de los servicios que cubre la cuota básica y un encarecimiento y ampliación de la vigencia de los bonos. Cada vez más  la obra social tendrá un carácter asistencial y todo servicio adicional será rigurosamente tarifado y a precios de “mercado”, que es por lo que vienen pugnando los privados.

Comenzó la campaña por la reelección

Duhalde sabe mejor que nadie que si quiere tener alguna chance para un nuevo mandato tiene que asegurarse el favor y el apoyo capitalistas. No puede descuidarse de alimentar la voracidad de la patria contratista, lo que supone recrear constantemente los mecanismos de prebendas y abrir nuevos horizontes al lucro capitalista. El gobernador está “barajando” para  “dar de nuevo” las cartas (léase el botín) entre viejos y nuevos reconvertidos “aliados” en el negocio de la salud y la reelección. Aunque no sabemos cómo terminará  la  repartija, lo que sí podemos afirmar es que la reelección le está saliendo muy caro al pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Defendamos IOMA

El Partido Obrero llama a impedir por medio de la movilización, el vaciamiento de IOMA, a paralizar las actividades ante el menor indicio de que cesan las prestaciones médicas. El Estado debe asegurar la continuidad del servicio. Que se establezca el 6% de aporte patronal, como ocurre con las demás obras sociales. Duhalde y su gobierno deben responder por el estado de falencia del IOMA. Que se abran los libros y se revisen los contratos. Que el IOMA lo dirijan y administren los propios trabajadores.