Sindicales

5/9/1996|509

Duhalde puso en marcha la ‘reforma’ contra la educación

La provincia de Buenos Aires, luego de la de Córdoba, es la que ha ido más lejos y más aceleradamente en la aplicación de la reforma educativa.


La Dirección General de Escuelas provincial acaba de publicar dos resoluciones (3708 y 3709) en las que se exponen las pautas para la implementación del 8o grado y la capacitación docente.


“Derechos adquiridos”


La resolución comienza expresando que se preservan los “derechos adquiridos” por los docentes. Quiere decir, en primer lugar, que los nuevos docentes ya no gozarán de esos derechos. Pero, además, ni siquiera esa garantía corre para los actuales docentes en actividad pues “sólo regirá —a título de excepción— para el año 1997, con el único y exclusivo objeto de asegurar la continuidad de la fuente laboral, de los actuales primeros años del nivel medio”.


Por otro lado, la resolución expresa que “las cuestiones no previstas… serán resueltas por la Dirección General de Cultura y Educación”. Tratándose de una estructura escolar totalmente nueva, “las cuestiones no previstas” pueden ser todas, de modo de justificar la intervencion del Poder Ejecutivo. En otras palabras, se consagra el poder discrecional del ministerio por encima del estatuto.


¿Estabilidad?


La ‘estabilidad’ sólo rige para los docentes titulares. En caso de que los profesores titulares no puedan cubrir las horas cátedra que vienen ejerciendo, serán afectados a “tareas institucionales” (artículo 12).


A los provisionales, en cambio, sólo se les reconoce “continuidad laboral” (una figura distinta a la estabilidad), por la cual sólo se les asegura el puesto si el cargo continúa. La reducción de la carga horaria en ciertas  áreas (sociales, educación artística) implicará, por lo tanto, la cesantía de profesores. Pero por  tratarse de un “régimen de excepción”, tampoco escapan a esa amenaza los titulares aunque recién a partir de… 1998.


¿Jerarquización ?


Los profesores que antes trabajaban por “horas cátedra”, pasarán a trabajar por cargo. Esta modificación entraña una prolongación de la jornada de trabajo, al pasar la jornada diaria de 4 a cuatro horas y media.


La resolución se cuida muy bien de señalar cuál será el valor horario, pero ya está el antecedente de inglés en 7º grado, donde el profesor cobra menos que el equivalente de sus horas en la secundaria. Estamos frente a una rebaja salarial por partida doble.


¿Capacitación?


Una de la ‘perlas’ de la resolución la constituye la obligación de los docentes de “comprometerse por escrito a realizar la capacitación… cuya aprobación será requisito para su confirmación en dicho desempeño” (art.17).


Esto significa que el título deja de tener validez y lo que es más grave,  se pierde la estabilidad, que queda condicionada a la ‘aprobación’ de esos cursos. Por otro lado, el universo laboral del docente reconvertido quedará sensiblemente recortado, pues sólo lo habilitará para ese grado (mientras que ahora, el título de profesor sirve para los 5 años de la secundaria).


¿Perfeccionamiento?


La ‘capacitación’ pasa a ser,  además, un asunto privado y personal de los docentes, quienes deben “organizar su capacitación de acuerdo a sus necesidades y posibilidades”. El Estado no garantiza su suministro, sino que el docente deberá hacerlo bajo su propia responsabilidad e inclusive… financiarlo de sus propios bolsillos.


La docencia deberá ir sumando ‘créditos’ y deberá “cumplimentar las evaluaciones propuestas”.


Lo que sí el ministerio fija son los contenidos y las pautas de esa capacitación, en la que se hace especial hincapié no sólo en el aspecto pedagógico, sino administrativo y financiero(!). Entre otros, “la administración de recursos de la institución escolar”, “búsqueda de recursos” y ‘autogestión’.


Educación Técnica


La resolución da el golpe de gracia a las escuelas técnicas. Lo que antes eran los talleres y prácticas —aspectos claves de esa modalidad educativa— pasa a ser una “oferta educativa  complementaria”. Esa ‘oferta’ no otorga ninguna ventaja a quienes la cursen (por relación a las demás EGB), ni otorga ningún título ni habilita para nada.


En estas condiciones, es fácil darse cuenta que los primeros años técnicos ‘reconvertidos’ pierden todo interés para el joven y sus familias y estarán condenados a desaparecer.


Los docentes de taller que, según la resolución, “estarán a cargo de esa oferta educativa”, terminarán… en la calle.


Educación de adultos


En la actualidad,  funcionan los bachilleratos de 3 años de duración (que equivalen a los 5 años de secundaria), a los que acceden los mayores que hubiesen completado la primaria.


Con la extensión de la Educación General Básica a 9 años, el ingreso de las ex primarias irá mermando sensiblemente, llevando a los centros de adultos a la extinción. La resolución confirma esta orientación.


Poner fin a la reforma educativa


Las medidas anunciadas por Duhalde constituyen una declaración de guerra contra la educación y los docentes.


La reforma educativa tiene un carácter retrógrado. No debe pasar.


Ahora le ha llegado el turno a la provincia de Buenos Aires. Si al golpe asestado a Mestre, se le agrega un golpe decisivo a Duhalde, será el fin de la reforma educativa.