Los 1.200 trabajadores de Ecotrans marcharon la semana pasada a Plaza de Mayo, donde funciona el Ministerio de Transporte. Acompañados de sus familias, numerosos usuarios y delegaciones solidarias de otras líneas de transporte, como la Línea 60, la movilización fue imponente, haciendo recordar las jornadas memorables que años atrás protagonizaron estos mismos trabajadores en defensa de su fuente de trabajo.

 

Los compañeros de Ecotrans han salido a enfrentar un inminente desguace. El arreglo que ha presentado la patronal, pergeñado en sigilo y a espaldas de los trabajadores, plantea el desmembramiento del servicio y la cesión de sus recorridos a diferentes empresas que se harían cargo de las líneas. El acuerdo dice que se respetarán las condiciones actuales, pero todos los antecedentes desmienten esta afirmación. El desguace va de la mano de pérdida de puestos y condiciones de trabajo y la supresión de recorridos menos rentables -o sea, un deterioro y un recorte de la calidad de los servicios. La fragmentación y dispersión de los trabajadores entre diferentes prestatarios es un campo propicio para que los nuevos concesionarios desconozcan las condiciones de trabajo y el convenio, y se someta a los trabajadores a regímenes de flexibilidad laboral, trabajo en negro y abusos permanentes.

 

El acuerdo dice que las nuevas empresas se comprometen a incorporar 350 unidades nuevas. Pero, entre esas nuevas prestatarias figuran la

Libertador General San Martín y Sargento Cabral, las cuales están concursadas. Ello pone en tela de juicio que puedan llevar adelante las inversiones que se comprometieron a hacer en el arreglo. Dichas empresas, que se caracterizan por los atropellos permanentes a su plantel de trabajadores, son manejadas por la Nueva Metropol, cuyo accionista mayoritario es la familia Zbikoski. Este grupo empresario, uno de los principales beneficiarios del proceso de concentración del transporte automotor, tiene una trayectoria funesta en el gremio. En 2013 se hizo cargo de la línea 326, que presta el servicio entre El Palomar, Morón y Liniers. El debut fue acompañado por la alteración del recorrido tradicional, lo que provocó denuncias y protestas de los usuarios. A ello, se unió el despido de trabajadores y empleados. El traspaso incluye un cuestionamiento judicial que aún se discute en sede penal.

 

La Cabaña, otras de las empresas que figuran en el acuerdo, no respeta la frecuencia de los servicios que viene prestando. Los fines de semana deja apenas la mitad del parque automotor trabajando y se estiran más aún los horarios de lo que ya se verifica que ocurre en los días laborables. En relación al régimen laboral, no respetan el convenio con respecto a espera y francos (hacen coincidir los feriados con los francos). Además, no pagan las enfermedades psiquiátricas y hay persecución a enfermos crónicos, a los que llaman para forzarlos a un arreglo y hacerlos renunciar. Tanto en la Cabaña como en la Nueva Metropol, los talleres están tercerizados, con salarios por debajo del convenio de la UTA.

 

No nos podemos olvidar del caso del Expreso Singer, una línea de larga distancia que hacía el servicio entre Misiones y Buenos Aires. Nnueva Metropol vendió la empresa a la firma Ersa, pero antes de traspasarla, a pedido de la compradora -y como condición de venta- dejaron en la calle a más de 40 trabajadores de taller, lavadero, boleterías y además cerraron talleres y servicios. Ersa hizo lo propio con los jefes de Areas y Gerentes, y no se hizo cargo de la parte en negro de los trabajadores, lo que comportó en los hechos una importante rebaja salarial. Mientras tanto, siguen obligando a jornadas de más de 14 horas a los conductores. Importa destacar este caso, pues involucra a Ersa, otro de los grupos empresarios incluidos en la propuesta elevada al juzgado.

 

El remedio, peor que la enfermedad

 

Los compañeros de Ecotrans son conscientes que el remedio que se propone es peor que la enfermedad La experiencia les ha demostrado que, una vez consumado el desguace, las promesas referidas al régimen y estabilidad laboral y la prestación del servicio terminan siendo violadas, y el pato de la boda siempre son los trabajadores y el público usuario.

No se nos puede escapar que el desguace entraña la fragmentación de la organización gremial interna, privando a los trabajadores de la principal arma y garantía para frenar la maniobras en curso.

 

Los compañeros han hecho llegar al gobierno y al juzgado su rechazo al arreglo. En oposición al desguace, plantean una salida que privilegie el interés de trabajadores y usuarios, preservando la unidad en la prestación del servicio. El Ministerio de Transporte tiene todas las facultades para instrumentar esta salida. Una asamblea general convocada por el cuerpo de delegados discutirá los próximos pasos a dar en la gran batalla en defensa de los trabajadores y de un transporte para todos.