Estamos asistiendo a un veloz deterioro de las líneas de transporte de Ecotrans. La detención de Cirigliano ha acelerado este proceso. Han quedado paradas 21 unidades, lo que provoca aún más espaciamiento de las frecuencias.

Este ajuste se inscribe en una tendencia general. Las patronales del transporte se están adelantando a la supresión de subsidios. Ahora que el chorro amenaza con cortarse, las presiones de las cámaras patronales para imponer un techo en el salario se han acentuado. Las paritarias del sector resultaron ser de las más bajas, con apenas un 18% de aumento.

Esto se combina con un recorte marcado de las inversiones. Una larga lista de accidentes nos revela el grado de degradación del sistema. Las mismas concesionarias de ferrocarriles manejan el Subte y las principales empresas de colectivos. La empresa Monsa pasó a manos otros grupos de empresarios grandes, como Dota y Plaza.

Aves de rapiña

Con el derrumbe de Ecotrans, levantan cabeza empresas locales como la TUM, La Cabaña o la 216, para quedarse con el botín. Por lo pronto, Othacehé ha autorizado que la 216 circule en recorridos adjudicados a Ecotrans. En Morón, pasaría lo mismo en beneficio de un grupo empresario de la zona. Los intendentes invocan "el interés del público usuario". Los usuarios y los trabajadores pagan las consecuencias de estas "reorganizaciones": los primeros, con la supresión de los recorridos menos rentables; los segundos, con despidos y con el cercenamiento de sus derechos.

Campaña

Frente a esta situación, los trabajadores de Ecotrans han puesto en marcha una campaña que arrancará con una amplia tarea de agitación general entre los usuarios y la opinión publica, y con un pedido de audiencia a Randazzo.

Los compañeros exigen que se haga una inspección integral a la empresa y que se abran sus libros y sus cuentas para saber a dónde van a parar los recursos que la patronal recibe. Reclaman que se forme una comisión de control, integrada en forma conjunta por representantes del Estado y de los trabajadores, para fiscalizar el movimiento de la empresa. El corolario de todo esto debería ser un plan de inversiones, cuya ejecución debe estar sometida al la supervisión común de los trabajadores y el Estado.

Paralelamente, llaman a que la UTA denuncie el techo salarial y reclaman el pago de una suma fija de 1.200 pesos así como la reapertura de las paritarias.