El gobierno de Duhalde, convocó a una mesa para discutir la continuidad de los 100 pesos de aumento y la eventualidad de elevarlos a 150 pesos a partir del 1º de enero, con carácter no remunerativo, o sea en negro.

La aplicación del aumento no superó al 30% de los trabajadores en actividad. Es decir que discuten alteraciones de un aumento que no se aplica.

Los empleados públicos no recibieron el aumento y se mantiene la rebaja del 13%, al igual que para los jubilados. Lo mismo ocurre con los compañeros de la construcción y con toda la masa de trabajadores “no registrados”, que no recibieron nada. En esta franja la caída salarial “ronda entre el 35% y el 45%” (Clarín, 17/12), frente a un promedio nacional del 27%.

Más de la mitad de la población está bajo la línea de pobreza, establecida en 711 pesos; el salario promedio es de 548 pesos, la mitad de los trabajadores ganan menos de 400 pesos.

La Unión Industrial se opuso al aumento y al blanqueo de los cien pesos, a pesar de que los precios aumentaron un 40% promedio y en las ramas ligadas a la exportación el aumento se estira desde el 70 al 200%.

La Came (Coordinadora de Actividades Mercantiles) planteó la caída de los 100 pesos “porque las Pymes no lo pueden seguir pagando”. En esto tuvieron de aliada a la Cta, que planteó “diferenciar a las Pymes”. Fueron tan convincentes que los personeros de la Camaño resolvieron “convocar a los funcionarios de Afip para la próxima reunión” a fin de “explorar las posibilidades de cambios impositivos ligados al salario”, es decir, subsidios.

Las CGTs plantearon una idea similar a la de Economía. Reclamaron los 150 pesos, pero se hicieron los tontos sobre la completa falta de cumplimiento de los 100 pesos. La Cta fue más estratégica: para ellos el problema no es 100 ó 150 pesos de aumento sino un “seguro de empleo y formación de 450 pesos”. Semejante planteo deja sin aumento alguno a los trabajadores que ganan el promedio salarial de 548 pesos para arriba. Esto es la liquidación del aumento y de las conquistas salariales y convencionales del conjunto de la clase obrera.

Se ha constituido entonces una Mesa Antisalarial. Contrastando que el consumo cayó la friolera de un 20% y caerá todavía más por la “inflación reprimida”, teniendo en cuenta que los precios mayoristas aumentaron un 120% contra el 40% de los minoristas y habrá, tarde o temprano, más aumentos de precios como los tarifazos, que ya son inminentes. En algunos rubros los costos laborales son “minúsculos” (Muchnik, Clarín, 17/11).

Los gremios estatales están obviando el hecho de que en el presupuesto del año que viene no contempla aumentos, mientras crecen los ingresos impositivos por inflación, destinados integralmente a pagar deuda externa. Para quienes la tarea no era voltear a Duhalde sino discutir el presupuesto del 2002, ahora se olvidaron de este presupuesto y del que viene.

Las luchas salariales se han impuesto al margen de la burocracia sindical, como ocurre con los piqueteros y las ocupaciones de fábricas. Fue el caso de los docentes de Ensenada y otros distritos; de los municipales de San Lorenzo; es el caso del Soip de Mar del Plata, que impuso un 30% meses atrás y está ahora en un plan de lucha por el segundo aumento, que empezó con un impresionante paro de 24 horas; es el caso de las luchas fabriles como la de las plantas gráficas de Interpack, que impusieron 150 pesos en lugar de los 100; de empresas del transporte que lucharon por la aplicación del aumento, o las aisladas luchas de Pami y DGI, que no forman parte de un movimiento de conjunto por el aumento salarial.

El problema de un salario mínimo equivalente a la canasta familiar es una consigna fundamental.

La tarea de la hora por el salario son las asambleas de gremio reclamando la canasta familiar y paro activo nacional para que se vayan Duhalde y el FMI, por otro Argentinazo y una Constituyente convocada por los trabajadores y el pueblo en lucha que abra paso a esta tarea.