El acuerdo que el gobierno nacional firmó con el FMI, con el acuerdo de los gobernadores provinciales, traerá como contrapartida una ofensiva sobre el conjunto del movimiento obrero. Se trata de un ataque que plantea una reducción en los gastos estatales para salarios, obras públicas, subsidios, planes sociales y el remate de tierras públicas y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses.

El pacto con el Fondo golpeará con fuerza a los trabajadores de Luz y Fuerza, y a los trabajadores energéticos en general. En primer lugar, porque la reducción en las partidas para obras públicas conlleva un parate en las que se estaban ejecutando o se estaban por ejecutar. El gobierno decretó así la interrupción de la construcción de Atucha III y IV en la provincia de Buenos Aires, el Chihuido I en Neuquén, y también está en duda la continuidad de las represas hidroeléctricas en Santa Cruz, lo que trae aparejado una enorme cantidad de despidos de obreros de la construcción, ingenieros y técnicos.

A ello se suma que la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), también en Neuquén, hace ya más de un año se encuentra parada por la menor demanda de las centrales nucleares y esta perspectiva de no expansión. Esto se tradujo en falta de pago de salarios y suspensión de varios trabajadores, lo que ha motivado una gran respuesta obrera del conjunto de los trabajadores, en defensa de los puestos de trabajo y contra el vaciamiento de la empresa.

El ajuste vendrá también por el lado de la reducción salarial y los despidos en empresas y organismos del Estado lo cual afectará a Dioxitek, la Autoridad Regulatoria Nuclear, Nucleoeléctrica Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre otras. En muchos casos se tratará de la antesala de su privatización.

La quita de subsidios a las empresas energéticas será transferida, por un lado, hacia los usuarios a través de tarifazos, y por el otro, con un ataque sobre los trabajadores. El planteo de los gobernadores del PJ de reducir o eliminar los subsidios a Edesur y Edenor se traducirá en una mayor tercerización laboral a expensas del trabajo estable y de convenio. Contratos basura que las empresas pueden quitarse fácilmente de encima cuando quieran, como pusieron de manifiesto los despidos en el call center de Edesur –con la mirada cómplice de Luz y Fuerza Capital– y la lucha de los trabajadores por el pase a planta. Sobre todo en la zona sur del conurbano bonaerense, empiezan a extenderse los reclamos de tercerizados.

El mayor ejemplo de lucha lo vienen dando los compañeros de Córdoba, en una enorme batalla contra la privatización de la empresa provincial de energía (Epec) y el ataque a su convenio colectivo.

Toda esta política contra los trabajadores pretenderá ser reforzada con un despliegue represivo, militarizando las plantas –en sintonía con el decreto de Macri que involucra a las Fuerzas Armadas en tareas de represión y espionaje.

Este cuadro de gigantesca ofensiva sobre los trabajadores del gremio no ha despertado, sin embargo, reacción alguna por parte de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Más bien lo contrario: pretendían que haciendo buena letra para el gobierno, se reposicionarían mejor en la interna de la CGT.

Desde la agrupación Alto Voltaje planteamos otra manera de encarar los conflictos. Tomando el ejemplo de grandes luchas como la de LyF Córdoba y la de PIAP en Neuquén, reivindicamos el método de discusión y toma de decisiones en asambleas, para desenvolver planes de lucha contra cada ataque. Una coordinación nacional sería de gran impulso para cada lucha en cada rincón del país, algo que FATLyF no pretende hacer.

Llamamos a todos los trabajadores de Luz y Fuerza y de los otros sindicatos que intervienen a formar agrupaciones en cada lugar de trabajo, para desenvolver una corriente de oposición a la burocracia de la FATLyF. Las resoluciones del plenario realizado por el sindicalismo combativo en Lanús en                   junio son la hoja de ruta sobre la que impulsamos estas tareas.