El jueves 9, en la Casa de Gobierno, Cristina Kirchner anunció el lanzamiento del pacto social para la actividad minera, exactamente dos meses después de que fuera aprobada la Ley de Protección de Glaciares, que cuestiona la actividad minera en zona de glaciares y periglaciares. Esta ley enfrentó la oposición del ‘lobby’ minero que hoy firma el pacto social, el cual logró que quedara neutralizada enseguida por medio de leyes provinciales y apelaciones a la Justicia. Se puede decir que el pacto constituye una suerte de veto presidencial a la Ley de Glaciares, en especial porque la Presidenta reiteró que, al menos para ella, la minería “no contamina”. Además de los gobernadores K de las provincias mineras, firmaron el pacto los radicales cobistas y los sapagistas de Neuquén, aunque tampoco faltó Scioli -al cual el rumor adjudica una probable candidatura a la presidencia y, naturalmente, la burocracia de Aoma, que rubricó de este modo su apoyo a la tercerización muy extendida en esta industria.

Cristina recordó en el acto que conoce bien a la minería desde sus tiempos en Santa Cruz y mencionó como ejemplo a Cerro Vanguardia -sin comentar, por supuesto, todos los privilegios y chanchullos del pulpo minero sudafricano y su sociedad con la empresa kirchnerista Fomicruz de la provincia de Santa Cruz. Se ocupó especialmente de destacar el proyecto, en construcción, de Pascua Lama, en la frontera con Chile, a cargo del pulpo canadiense Barrick. Se trata del proyecto más claramente cuestionado (tanto en Chile como en Argentina), porque está ubicado en las altas cumbres, en plena zona de glaciares. En su discurso, CFK destacó el megaproyecto de Potasio, con la brasileña Vale do Rio Doce, en las nacientes del río Colorado, que amenaza toda su cuenca y la de río Negro con su salinidad.

Antiobrero

La burocracia de Aoma puso su firma sin consultar a los trabajadores mineros. El proletariado minero fue creciendo junto a las nuevas inversiones y ya ha dado muestras de su combatividad en diversas luchas en los últimos dos años, especialmente en las minas de la provincia de Santa Cruz. Tanto en Cerro Vanguardia, hace dos años, como en Manantial Espejo, hace pocas semanas, y antes en San José, los trabajadores bloquearon las rutas de acceso, algo que ahora el “pacto” prohíbe expresamente. Esta vez, CFK no repitió la frase que propinó a los petroleros: “si me (sic) cortan rutas (…) los mato”.

El pacto, naturalmente, no dice una palabra sobre los miles de trabajadores tercerizados que son explotados en la minería. Se calcula que en las dotaciones habituales, por lo menos la mitad de los trabajadores pertenecen a empresas contratistas que se ocupan desde la limpieza y la alimentación, a la soldadura y el mantenimiento de los grandes equipos. Aunque están en blanco carecen de estabilidad, porque cuando ‘baja’ el trabajo las empresas cortan los contratos y “bajan” a los contratistas.

A la celebración del pacto no fue convocada ATE de Río Turbio, que representa a los trabajadores de la mina de carbón de esa localidad. Durante el anuncio estaba De Petris lo cual no deja de ser significativo, aunque hoy no representa a esos trabajadores. Tampoco fue convocada la Organización Sindical de Mineros Argentinos (Osma-CTA) formada por trabajadores de Barrick-Veladero, de San Juan, que negoció a principios de año los salarios en un sonado conflicto y luego obtuvo su inscripción gremial. Según declaró su dirigente al diario BAE (10/12), “en el acuerdo nos tienen relegados, porque Aoma ha iniciado un juicio porque no ostentamos la personería sindical… además, creo que (no nos convocaron) porque somos de la CTA”. La Osma no denuncia, sin embargo, el pacto social ni atribuye al contenido de éste la razón de su exclusión. El pacto establece una cláusula de “paz social” que prohíbe las luchas de los trabajadores.